La diputada Mónica Frade pidió investigar delitos de tráfico de influencias y administración fraudulenta. Sostiene que los montos otorgados no coinciden con la capacidad de repago de los beneficiarios. Entre los señalados figuran secretarios de Estado, directores de bancos públicos y diputados nacionales.
BUENOS AIRES – La presentación judicial se basa en datos extraídos de la Central de Deudores del BCRA, visibilizados a través de la herramienta «¿Cuánto deben?». La legisladora cuestiona que el Banco Nación otorgue financiamientos a largo plazo a personas cuya estabilidad en sus cargos (y por ende, sus ingresos actuales) está limitada al tiempo que dure su mandato o gestión política.
El eje de la acusación: Capacidad de repago
Frade sostiene que el banco habría ignorado normativas básicas de prudencia financiera:
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Inconsistencia de ingresos: Según la denuncia, los montos —que superan en varios casos los 300 millones de pesos— no serían otorgables a ciudadanos comunes con ingresos similares.
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Riesgo de mora: La diputada afirma que la entidad otorga préstamos que sabe, de antemano, que entrarán en mora cuando estos funcionarios cesen en sus cargos.
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Línea exclusiva: Aunque el BNA alega procesos «homogéneos», desde 2024 existe una línea diferencial con beneficios específicos para empleados públicos que no alcanza al resto de los clientes.
Los señalados en la investigación
La lista de funcionarios y legisladores que registran deudas millonarias con el BNA incluye nombres clave del área económica y digital:
| Funcionario / Legislador | Cargo | Deuda Reportada |
| Felipe Núñez | Director del BICE / Asesor de Caputo | $373.000.000 |
| Federico Furiase | Sec. de Finanzas / Ex-BCRA | $367.059.000 |
| Lorena Villaverde | Diputada LLA | $279.000.000 |
| Alejandro Bongiovanni | Diputado LLA | $230.000.000 (aprox) |
| Juan Pablo Carreira | Dir. Comunicación Digital («Juan Doe») | $112.948.000 |
La defensa de Mariano Campero
Uno de los principales señalados, el diputado Mariano Campero, salió al cruce en la red social X calificando las acusaciones de «maliciosas»:
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Línea Abierta: Aseguró que se trata de un crédito UVA estándar, disponible para cualquier ciudadano que califique.
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Transparencia: Remarcó que toda la documentación es pública y que el banco evaluó su perfil como lo hace con cualquier otro solicitante.
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Sin discrecionalidad: Negó haber recibido un trato de favor o una asignación «a dedo» por su cercanía al oficialismo.



