Con un ojo en el Ministerio de Economía y el otro en el Congreso, el oficialismo activa una semana clave de negociaciones. El martes habrá una cumbre decisiva entre Patricia Bullrich y los bloques dialoguistas para destrabar el dictamen.
Buenos Aires, 1 de febrero de 2026 – La administración de Javier Milei entra en una fase de definiciones críticas. Con el inicio del nuevo llamado a sesiones extraordinarias, el Poder Ejecutivo ha fijado una meta ambiciosa: lograr la aprobación de la reforma laboral en el Senado entre el 11 y el 12 de febrero, para enviarla de inmediato a la Cámara de Diputados.
El objetivo político es claro: el Presidente busca llegar a la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo con un triunfo legislativo bajo el brazo que ratifique su gobernabilidad tras un 2025 marcado por la fricción constante con el Parlamento.
La cumbre del martes: El rol de Patricia Bullrich
La estrategia de la Casa Rosada tendrá su prueba de fuego este martes a las 15:00 en el despacho del radical Eduardo Vischi. Allí, la titular de la Cámara Alta, Patricia Bullrich, se reunirá con los sectores «dialoguistas» para intentar blindar los votos necesarios.
Sin embargo, el poder de decisión no reside solo en lo legislativo. Las modificaciones que exigen los aliados están siendo auditadas técnicamente por el Ministerio de Economía. Luis Caputo tiene la última palabra sobre el alcance de la reforma, especialmente en los puntos donde lo laboral se cruza con lo fiscal.
Los tres frentes de conflicto
Para convertir el proyecto en ley, el Gobierno debe desactivar tres focos de resistencia:
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- Gobernadores y Coparticipación: Los mandatarios provinciales temen que la reforma impacte en la recaudación. Aunque Nación argumenta que el golpe fiscal es compartido, en las provincias la urgencia por la obra pública paralizada y el pago de salarios vuelve la negociación mucho más tensa.
- El «Superpoder» de Economía: Existe recelo sobre el artículo 212 del dictamen, que otorga a la cartera de Caputo facultades discrecionales para reglamentar el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Los aliados exigen límites claros antes de votar.
- Senadores sin «anclaje»: Más allá de los acuerdos con gobernadores, el oficialismo lidia con legisladores provinciales independientes que, según fuentes de Balcarce 50, han planteado exigencias «difíciles de satisfacer».
»Un nuevo freno al proyecto no sería solo una demora técnica, sino un traspié político que podría leerse como definitivo para la agenda de reformas del 2026″, advierten analistas parlamentarios.
Un kirchnerismo en silencio
Uno de los datos más llamativos del escenario actual es el bajo perfil que ha mantenido el bloque kirchnerista en el Senado. A diferencia de las batallas legislativas de las últimas dos décadas, la oposición dura ha mostrado movimientos mínimos, permitiendo que la verdadera batalla se libre entre el oficialismo y sus aliados circunstanciales.
El cronograma está en marcha. Si el martes hay fumata blanca en la oficina de Vischi, el Gobierno habrá sorteado el penúltimo obstáculo para una reforma que nació en diciembre y que pretende cambiar las reglas de juego del mercado de trabajo argentino.
