El ministro Federico Sturzenegger confirmó que la dotación total de personal cayó un 7,3% interanual. El recorte afectó tanto a la administración central como a las empresas estatales y fuerzas de seguridad.
A pocos días de cerrar el 2025, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado presentó un balance exhaustivo sobre la reducción del empleo público bajo la gestión de Javier Milei. Según los datos oficiales, hasta noviembre de este año, un total de 60.494 personas dejaron de pertenecer al sector público nacional.
Radiografía del recorte
El ministro Federico Sturzenegger detalló a través de sus redes sociales el origen de estas bajas, acumuladas desde diciembre de 2023. La distribución de los puestos eliminados se divide de la siguiente manera:
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Administración central y descentralizada: 35.127 bajas.
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Empresas y sociedades del Estado: 18.122 bajas.
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Personal militar y de seguridad: 7.245 bajas.
El funcionario vinculó directamente la reducción del empleo estatal con el bienestar del sector privado: “Bajar el gasto público es bajar impuestos. Bajar impuestos es que vos decidas en qué gastar tu dinero y no que un político lo decida. ¡VLLC!”, expresó el ministro.
Los números del INDEC: Caída interanual sostenida
El último informe de dotación de personal del INDEC respalda las cifras oficiales. En noviembre de 2025, la planta total del Estado nacional se ubicaba en 281.785 personas, lo que representa una caída del 7,3% en comparación con el mismo mes del año anterior.
| Sector | Empleados (Nov 2025) | Variación Interanual |
| Admin. Pública Nacional | 192.219 | -7,1% |
| Empresas Estatales | 89.566 | -7,8% |
| Total General | 281.785 | -7,3% |
El impacto en las empresas estatales
El sector de las empresas públicas fue el que sufrió el recorte más agresivo en términos porcentuales (-7,8%). Esto responde a la política de privatizaciones y retiros voluntarios impulsada por el Ejecutivo durante 2024 y 2025.
A pesar de la magnitud de la cifra (más de 60.000 puestos menos), el Gobierno proyecta continuar con la revisión de contratos y el examen de idoneidad durante el primer trimestre del 2026, buscando profundizar la eficiencia del gasto público.
