A través del Boletín Oficial, se autorizó la entrega de fondos para cubrir baches de caja en distritos como Mendoza, Tucumán y Salta. La asistencia, que llega tras ocho meses de caída en la recaudación, tiene letra chica: los fondos deben devolverse este mismo año con una tasa del 15% mediante retenciones automáticas de la coparticipación.
BUENOS AIRES – La medida, firmada por el presidente Javier Milei, busca equilibrar la balanza entre la rigidez fiscal del Palacio de Hacienda y la necesidad política del Ministerio del Interior. El objetivo es evitar desbordes sociales en las provincias ante la caída de ingresos, que en el primer trimestre ya registra una baja cercana al billón de pesos.
Las provincias beneficiadas
El decreto alcanza a un abanico diverso de signos políticos, lo que marca una estrategia de distensión generalizada:
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Norte: Catamarca, Chaco, Corrientes, La Rioja, Salta, Tucumán y Misiones.
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Cuyo: Mendoza.
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Patagonia: Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
La «letra chica» del acuerdo financiero
Para recibir el dinero, los gobernadores debieron aceptar condiciones estrictas de devolución que garantizan que el Tesoro Nacional no pierda liquidez:
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Tasa de interés: Se fijó una tasa nominal anual del 15%. Además, se ajustó la tasa de Entre Ríos (asistida previamente) para equipararla con este nuevo esquema.
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Garantía de cobro: La devolución es automática. La Secretaría de Hacienda está autorizada a retener los fondos directamente de los goteos diarios de coparticipación (Ley 23.548).
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Plazo: El reintegro total, incluyendo intereses, debe concretarse dentro del ejercicio fiscal 2026.
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Capacidad de repago: No todas recibirán lo mismo; el monto final dependerá del análisis técnico de Hacienda sobre la salud financiera de cada jurisdicción.
Contexto: Una caída de ingresos «dramática»
Desde las gobernaciones advierten que el aire que otorga este decreto es necesario pero apenas suficiente. Los datos que manejan las provincias son alarmantes:
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Recaudación en picada: Son ocho meses consecutivos de retroceso real en los ingresos.
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Presión salarial: Con paritarias abiertas en salud, educación y seguridad, los gastos corrientes amenazan con superar los ingresos disponibles.
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Freno de obra pública: La falta de fondos nacionales para infraestructura sigue siendo el principal reclamo de los distritos.
El doble frente: Político y Fiscal
Para la Casa Rosada, este decreto es una herramienta de negociación. Al centralizar en el Ministerio de Economía la decisión de «cuánto y cuándo» recibe cada provincia, el Gobierno nacional mantiene el control sobre el flujo de fondos en medio de un calendario legislativo cargado.
La visión oficial: El mecanismo busca «ordenar la relación financiera y fijar límites a los pedidos recurrentes de adelantos», asegurando que la asistencia sea una excepción y no una regla de financiamiento permanente.
