La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, se pronunció de manera tajante ante la creciente ola de amenazas de tiroteos en establecimientos escolares de la provincia. La funcionaria advirtió que estos hechos no son «bromas de mal gusto» sino delitos encuadrados en la intimidación pública, y que las consecuencias legales y económicas recaerán directamente sobre los padres de los menores involucrados.

«El papá y la mamá deben saber que es una situación penada y que van a tener que responder por esto», afirmó Fuentes, subrayando que la responsabilidad de los adultos es ineludible ante la justicia.

Impacto emocional y judicial

La ministra destacó que estas falsas alarmas provocan un daño real y profundo en la comunidad educativa:

• Efectos en la salud: Se han registrado cuadros de ataques de pánico y miedo generalizado entre alumnos, docentes y padres.

• Acción penal: El Ministerio de Educación ya trabaja en conjunto con el Ministerio Público Fiscal para judicializar cada caso y rastrear el origen de las amenazas.

• Protocolos: Fuentes reconoció que los actuales mecanismos de intervención están quedando «obsoletos» ante la velocidad de los desafíos virales en redes sociales, lo que obliga a una revisión urgente de las normativas vigentes.

«La escuela enseña, la casa educa»

En un fuerte llamado a la reflexión familiar, la funcionaria remarcó que las instituciones no pueden resolver solas esta problemática. «La escuela sola no puede. La escuela está para enseñar y la casa para educar», expresó, instando a los progenitores a supervisar el contenido que consumen sus hijos en internet.

Medidas de prevención

Ante este escenario, la provincia ha iniciado:

1. Jornadas de concientización: Talleres en todos los niveles educativos para explicar la gravedad legal de estos actos.

2. Manejo de emociones: Programas destinados a tratar la violencia escolar y el impacto del ciberacoso.

3. Monitoreo de redes: Trabajo preventivo sobre desafíos virales que incitan a realizar estas amenazas.

«San Juan no está ajena a lo que ocurre en el resto del país», concluyó la ministra, dejando claro que se aplicará todo el peso de la ley para frenar una tendencia que altera la paz social y el derecho a la educación.