El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que la Argentina superó la segunda revisión del acuerdo vigente desde abril de 2025, un paso fundamental que habilita el acceso a un nuevo desembolso por aproximadamente US$1.000 millones. Aunque el entendimiento ya se alcanzó a nivel técnico entre los equipos del organismo y las autoridades nacionales, el giro efectivo de los fondos queda supeditado a la aprobación formal por parte del directorio de la entidad internacional.

En su informe, el organismo multilateral destacó que en los últimos meses se ha consolidado el respaldo político a las medidas económicas, citando como hitos la aprobación del Presupuesto 2026 y la puesta en marcha de reformas estructurales. Asimismo, valoraron la ejecución de las políticas monetaria y cambiaria, las cuales han permitido una incipiente acumulación de reservas y fortalecido la resiliencia del país ante un contexto global complejo, signado por las tensiones bélicas en Oriente Medio.

La hoja de ruta económica pactada mantiene al superávit fiscal como el eje central del programa, con una meta proyectada de superávit primario del 1,4% del PBI para este año. Para alcanzar este objetivo, el Gobierno se comprometió a sostener un estricto control del gasto público, complementado con reformas en los sistemas tributario y previsional para garantizar la sostenibilidad financiera a mediano plazo. En el plano monetario, el FMI señaló que la política continuará siendo restrictiva para apuntalar el proceso de desinflación, buscando además reducir la volatilidad de las tasas de interés.

Finalmente, el organismo estableció metas ambiciosas para el fortalecimiento del frente externo, indicando que las reservas internacionales deberían incrementarse en al menos US$8.000 millones durante 2026. Para cumplir con esta exigencia y refinanciar los vencimientos de deuda en moneda extranjera, el Gobierno avanza en una estrategia que combina la emisión de títulos, la venta de activos y nuevos acuerdos con entidades financieras. Según el FMI, el éxito de estas reformas será clave para potenciar el empleo formal e impulsar la inversión privada en sectores estratégicos como el agro, la energía y la minería.