El presidente Javier Milei protagonizó un nuevo capítulo de su ya habitual confrontación con la prensa al publicar un virulento descargo en sus redes sociales. Esta vez, los blancos directos fueron los periodistas Luciana Geuna, Rolando Barbano y las autoridades del canal Todo Noticias (TN), a quienes tildó de «delincuentes» y «basuras inmundas».
El mensaje, cargado de agresividad, sostiene que los comunicadores cometieron un «delito grave» y acusó a la producción del medio de actuar con «malicia» y «complicidad». El mandatario cerró su posteo con un irónico «¡CIAO!», dejando en claro la ruptura total del diálogo.
Un clima de hostilidad creciente
Este ataque no ocurre en el vacío, sino que se suma a una serie de medidas de la gestión libertaria que han puesto en alerta a los organismos de libertad de expresión:
-
Restricción en Casa Rosada: Hace pocos días, el Gobierno oficializó el cierre de la histórica sala de periodistas de la Casa Rosada, limitando el acceso de los acreditados y el flujo de información oficial.
-
Acciones judiciales: Ante esta restricción, diversos sectores ya han presentado amparos judiciales para garantizar el ingreso de los cronistas a la sede de gobierno.
-
Estigmatización sistemática: Términos como «mentirosos», «ensobrados» o «extorsionadores» se han vuelto parte del léxico presidencial para referirse a quienes cuestionan las cifras económicas o investigan el entorno del Ejecutivo.
El impacto en la libertad de prensa
Según diversas asociaciones de periodistas y voces recolectadas por la Agencia Noticias Argentinas, este tipo de retórica presidencial tiene consecuencias concretas:
-
Degradación del debate: El uso de insultos en lugar de argumentos técnicos debilita la calidad institucional.
-
Violencia digital: La estigmatización desde la cuenta del Presidente suele actuar como un disparador para ataques coordinados de militantes en redes sociales contra los trabajadores de prensa.
-
Cercenamiento del control ciudadano: Limitar la labor periodística dificulta el escrutinio sobre los actos de los funcionarios públicos.
Sin precisiones legales
A pesar de la gravedad de la acusación —donde Milei afirma que se ha cometido un delito—, el posteo no especificó a qué hecho técnico o causa judicial hacía referencia. Desde el ámbito jurídico, se advierte que calificar de «delincuentes» a ciudadanos sin una sentencia firme podría derivar en acciones legales por calumnias e injurias contra el propio mandatario.
Mientras el Gobierno nacional defiende estos ataques como una batalla contra las «operaciones» y las «fake news», organismos nacionales e internacionales coinciden en que el uso del aparato estatal para perseguir voces disidentes sienta un precedente peligroso para la democracia argentina.
