BUENOS AIRES — A casi nueve años de la tragedia que conmovió al país, el expediente por el hundimiento del ARA San Juan volverá a ser analizado por la Justicia federal. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal deberá revisar la sentencia dictada el pasado 8 de julio, luego de que el Ministerio Público Fiscal y las querellas de los familiares de los tripulantes presentaran formalmente sus recursos de apelación.
El proceso judicial, llevado adelante en su instancia de debate oral en Río Gallegos, había culminado con la condena a tres años de prisión en suspenso para el excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide. Sin embargo, el fallo también dispuso la absolución del contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo y de los oficiales retirados Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa, una decisión que generó profundo rechazo en el entorno de las víctimas.
Reclamos de las querellas y el pedido de nuevo juicio
Insatisfechos con el veredicto del tribunal oral, los representantes de los familiares cuestionaron tanto las absoluciones como la levedad de la condena dictada. Entre los principales planteos presentados ante Casación se destaca la solicitud de que la pena impuesta a Villamide sea modificada por una de cumplimiento efectivo.
En la misma línea, la querella encabezada por Luis Tagliapietra fue más allá e interpuso un pedido formal para que se anule por completo el juicio y se realice un nuevo debate oral, exigiendo además que las audiencias se trasladen a la ciudad de Mar del Plata, epicentro histórico de apostadero del submarino.
El profundo impacto en San Juan
El caso mantiene una vigencia y un dolor incalculables para la provincia de San Juan, ya que entre los 44 tripulantes que perdieron la vida en el trágico hecho ocurrido en noviembre de 2017 se encontraban tres marinos sanjuaninos: Cayetano Vargas, Renzo Silva y Ricardo Alfaro.
Con la elevación de los recursos, la Cámara de Casación tendrá ahora la responsabilidad de definir los pasos procesales a seguir: resolver si confirma los términos de la sentencia, si modifica las condenas y absoluciones dictadas en el sur del país, o si habilita los planteos de nulidad para reabrir el debate en busca de nuevas responsabilidades institucionales.
