El fiscal Roberto Ginsberg confirmó que pedirán informes a distintas entidades bancarias para reconstruir el circuito financiero de la compra realizada en 2023. Peritajes revelaron que las impresoras secuestradas contenían archivos del Ministerio de Educación.
San Juan. — La investigación penal preparatoria por la presunta compra fraudulenta de equipamiento informático destinado a la Policía de San Juan ingresó en una fase estrictamente financiera. La Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Delitos Especiales confirmó que en el transcurso de los próximos días se solicitará el levantamiento del secreto bancario sobre las cuentas involucradas para reconstruir de forma precisa el destino de los 90 millones de pesos erogados por el Estado provincial en mayo de 2023.
La maniobra bajo la lupa judicial consistió en la adquisición de 150 computadoras, 20 impresoras y 10 tablets que debían equipar a distintas dependencias policiales. Si bien los insumos fueron cancelados en su totalidad con partidas presupuestarias enviadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación, los dispositivos tecnológicos nunca fueron entregados a la fuerza de seguridad local.
«Iniciamos una investigación para determinar a dónde fue a parar ese dinero. Queremos conocer fehacientemente cuál fue el circuito financiero del pago, por lo que oficiaremos a las distintas entidades bancarias en el corto plazo», precisó el fiscal del caso, Roberto Ginsberg.
Los imputados de la causa
Hasta el momento, la Justicia local ha imputado formalmente a cinco personas bajo los cargos de fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público:
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María de Lourdes Quiroga Coll: Empresaria proveedora del equipamiento.
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Enzo Ariel Fava: Representante técnico de la Secretaría de Seguridad.
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Juan José González y Juan José Valverde: Efectivos policiales vinculados al área de compras.
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Jorge Eduardo Santoni: Comisario mayor retirado.
Un hallazgo clave en los peritajes
La sospecha de que la mercadería incautada en un depósito del departamento Capital no cumplía con los estándares de la licitación original sumó un elemento de prueba contundente. Tras realizar peritajes informáticos sobre las memorias internas de las impresoras secuestradas, los técnicos de la UFI detectaron que los equipos no eran nuevos.
De forma llamativa, el software de los dispositivos contenía documentación archivada perteneciente al Ministerio de Educación, lo que robustece la hipótesis de que se trataba de equipos usados y reacondicionados que habrían sido retirados de otra repartición pública para simular el cumplimiento del contrato.
