En un fallo de gran impacto institucional, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este viernes la ejecución de bienes en el marco de la causa Vialidad. La resolución habilita el decomiso y posterior remate del patrimonio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y el empresario Lázaro Báez, entre otros condenados por administración fraudulenta.

La decisión, tomada por mayoría por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, ratifica lo dispuesto originalmente por el Tribunal Oral Federal 2 para hacer efectivo el recupero económico del perjuicio ocasionado al Estado.

Cifras y activos bajo la lupa

El monto que la Justicia busca recuperar es astronómico y responde a la defraudación en la obra pública de Santa Cruz:

• Monto total: Supera los $684.000 millones.

• Alcance del decomiso: La medida afecta no solo a los condenados directos, sino también a bienes transferidos a terceros por herencia o a título gratuito. Esto incluye específicamente los activos que pasaron a manos de los hijos de la exmandataria.

• Empresas involucradas: El fallo alcanza bienes de firmas vinculadas al esquema delictivo, como Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez.

Los fundamentos del tribunal

El juez Gustavo Hornos fue contundente al señalar que el decomiso debe traducirse en una «recuperación efectiva de activos». Según el magistrado, permitir que los condenados conserven estos bienes implicaría perpetuar los efectos económicos de la maniobra investigada.

Por su parte, el fiscal ante Casación, Mario Villar, había solicitado que los reclamos de terceros no frenen la ejecución, derivando cualquier disputa sobre la titularidad de los bienes a las vías civiles o administrativas correspondientes.

Disidencia parcial

Hubo un matiz en la votación por parte del juez Mariano Borinsky, quien planteó una disidencia parcial. Su postura se centró en la necesidad de acreditar de manera suficiente la vinculación directa de cada bien con el delito investigado antes de proceder a su decomiso definitivo, especialmente en los casos de extensión patrimonial hacia terceros.

Qué sigue en el proceso

Con esta confirmación, la Justicia habilita la continuidad del proceso de recuperación de activos por parte del Estado. El fallo marca un precedente clave en la ejecución de sentencias por corrupción, transformando la condena penal en una acción concreta sobre el patrimonio de los involucrados para resarcir el daño al erario público.