El Tribunal Oral Federal de San Juan, bajo la presidencia del juez Daniel Doffo, dictó una sentencia ejemplar contra tres integrantes de una familia hallados culpables de trata de personas agravada con fines de explotación sexual y laboral. Las víctimas de este sistema de servidumbre fue una menor de tan solo 13 años.

Los condenados son Roberto Cristo, Isabel Cristo y su hijo Franco Cristo, quienes recibieron una pena de diez años de prisión. Además de la reclusión, el magistrado ratificó una reparación económica sin precedentes en la provincia para este tipo de delitos.

Reparación económica y condiciones de detención

El fallo no solo se centró en la libertad de los acusados, sino también en el resarcimiento a la víctima:

• Indemnización: Los tres condenados deberán abonar de forma conjunta la suma de $75.000.000. Este monto, solicitado por el fiscal Fernando Alcaraz, busca reparar los daños físicos y psicológicos ocasionados.

• Cumplimiento de la pena: Roberto y Franco Cristo permanecerán alojados en el Servicio Penitenciario de Chimbas. Por su parte, Isabel Cristo continuará bajo el régimen de prisión domiciliaria, debido a que tiene hijos menores de edad a su cargo.

Un caso de servidumbre y «dote»

La investigación judicial sacó a la luz detalles estremecedores sobre cómo operaba la familia. Se determinó que la menor fue obligada a casarse con su primo (Franco Cristo, entonces de 21 años) bajo una supuesta «tradición» por la cual se pagó una dote de $825.000 en el año 2022.

Durante el cautiverio en la provincia de Santa Fe, la niña fue reducida a la servidumbre y sometida a constantes abusos. Uno de los puntos más crudos del juicio fue la confirmación de que la víctima sufrió un aborto espontáneo durante el periodo en que estuvo bajo el control de los Cristo.

El rescate en San Juan

El horror llegó a su fin gracias a la intervención de testigos y la rapidez policial. El caso se judicializó cuando los suegros de la niña intentaron realizar una «captación violenta» en plena vía pública de San Juan, tratando de subirla a la fuerza a un vehículo para trasladarla nuevamente a Santa Fe.

Las alertas de los vecinos permitieron que la policía interceptara el secuestro, rescatara a la menor y pusiera a disposición de la justicia federal a los responsables de esta red de explotación familiar.