Un fallo judicial en La Rioja ha generado un fuerte «cuello de botella» logístico para uno de los proyectos mineros más ambiciosos del país. La jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, ordenó la suspensión por 30 días de todas las actividades vinculadas al Distrito Vicuña que utilicen territorio riojano, prohibiendo específicamente el tránsito por el camino de Guandacol, vía vital para el acceso al yacimiento situado en San Juan.

La medida responde a una demanda del Gobierno de La Rioja, que exige la presentación de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) propia. Aunque el mineral se encuentra en suelo sanjuanino, la operatividad del proyecto —que integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol— depende de la infraestructura vial riojana. Las autoridades de la vecina provincia argumentan que el tránsito pesado, el polvo y los ruidos afectan la calidad de vida en localidades como Guandacol y Villa Unión.

El impacto en el «Gigante de Cuyo»

El Distrito Vicuña no es un proyecto menor; se trata de un activo multigeneracional con proyecciones de inversión que superan los u$s 7.000 millones. Sus números lo posicionan como uno de los hallazgos de cobre y oro más importantes de las últimas tres décadas a nivel mundial:

• Producción estimada: Se prevén 400.000 toneladas de cobre y 700.000 onzas de oro anuales.

• Vida útil: Se estima una explotación de más de 70 años.

• Construcción: Estaba prevista para iniciar formalmente en 2027, pero este conflicto logístico podría alterar los cronogramas.

Una herramienta legal de «riesgo inminente»

La justicia riojana utilizó una «medida autosatisfactiva», lo que permitió dictar el freno sin convocar a una audiencia previa con la empresa operadora, bajo el argumento de «daño ambiental inminente». El secretario de Ambiente riojano, Santiago Azulay, afirmó que la empresa no respondió a sucesivos pedidos administrativos, mientras que desde San Juan se observa con preocupación cómo un conflicto de jurisdicción afecta a una industria clave para la economía regional.

Por el momento, el camino permanece bajo custodia policial. Si en 30 días la empresa no presenta los estudios requeridos ante La Rioja, el conflicto amenaza con escalar a la Corte Suprema, dejando en suspenso la logística del polo minero más prometedor de la región.