Una fuerte polémica se desató en el sector vitivinícola argentino luego de que técnicos, profesionales y trabajadores del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) manifestaran un «rechazo contundente» a una reciente resolución que desregula el sistema de control.
El foco del conflicto es la pérdida del carácter obligatorio del Certificado de Ingreso de Uva (CIU), una herramienta histórica que, según el personal del organismo, es esencial para la integridad de la cadena productiva. Los trabajadores aseguran que la medida es «inviable en lo operativo» y «expone a riesgos comerciales, sanitarios y reputacionales» a todo el sector.
El CIU: Trazabilidad y Seguridad en Riesgo
El Certificado de Ingreso de Uva (CIU), vigente desde hace décadas, funciona como la piedra angular del sistema de fiscalización del vino argentino. Los técnicos del INV destacaron que su eliminación «no refleja los intereses del sector» y generará una «fragilidad regulatoria».
Las funciones esenciales del CIU, y las consecuencias de su desregulación, son:
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Garantía de Trazabilidad: El CIU asegura la trazabilidad completa y documentada desde que la uva ingresa a la bodega hasta que el producto terminado se comercializa. Sin este control, se pierde la correspondencia entre lo declarado, lo elaborado y lo fraccionado.
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Prevención de Fraudes: La herramienta es clave para prevenir adulteraciones, desvíos o triangulaciones, prácticas que históricamente han afectado a la actividad.
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Requisito de Exportación: La trazabilidad es un requisito obligatorio para ingresar a mercados exigentes como Estados Unidos, la Unión Europea y Asia. Su desregulación amenaza la transparencia ante los compradores externos.
Tres Alertas Operativas y de Competitividad
En su comunicado interno, los equipos técnicos del INV enumeraron tres motivos centrales por los cuales la nueva norma es considerada inviable:
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Mayor Riesgo Documental y Sanciones: Sin el control previo del CIU, las bodegas quedarán supeditadas a verificaciones posteriores. Esto aumenta la probabilidad de errores formales que podrían derivar en multas, clausuras o la pérdida de certificaciones clave.
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Vulnerabilidad ante Fraudes: La eliminación del CIU y de los controles intermedios deja «vacíos operativos» en la cadena, dificultando la detección temprana de prácticas fraudulentas y exponiendo al país a una potencial crisis de reputación internacional.
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Menor Competitividad Global: La desarticulación del mecanismo de trazabilidad reconocido podría generar nuevas barreras o costos adicionales para el vino argentino, afectando su competitividad en los principales mercados de exportación.
Pedido de Revisión Urgente
Ante este panorama, los trabajadores del INV han solicitado de manera formal la revisión inmediata de la Resolución 37/2025 y la restitución del CIU como requisito obligatorio e indelegable.
Aseguran que solo manteniendo los estándares actuales de control se podrá proteger la integridad de la cadena productiva, la calidad del vino argentino y la confianza de los compradores internacionales.
