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enos Aires, Argentina – Tras el anuncio del Gobierno de Javier Milei de desmantelar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, responsabilizó directamente al presidente y al ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, de generar «rutas nacionales de la muerte».
El decreto presidencial elimina el organismo estatal encargado del diseño, construcción, conservación y planificación de rutas nacionales, transfiriendo sus funciones al Ministerio de Economía y a una nueva entidad: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. Según el sindicato, esta decisión profundizará la peligrosidad de las rutas argentinas al disolver una entidad clave para su mantenimiento.
«Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armado este decreto para hacer negocios», denunció Aleñá, acusando al Gobierno de desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles a otros fines.
Críticas a la Decisión Gubernamental y Alerta por Consecuencias
Para la sindicalista, la disolución de la DNV es una «decisión profundamente ideológica» que busca achicar el Estado a su mínima expresión, bajo el argumento de una supuesta falta de eficiencia que ella califica de «mentira». Aleñá hizo un «fuerte llamado a los gobernadores y fuerzas políticas a oponerse a este decreto que también destruye otras áreas de transporte», y cuestionó un posible enfoque «represivo» con «más roles de las fuerzas de seguridad en el sector».
Además, la dirigente gremial alertó sobre las graves consecuencias sociales y operativas de esta medida: «Más de 5.500 trabajadores quedan en la calle, 118 rutas nacionales a la deriva y más de 40.000 kilómetros sin mantenimiento ni cobertura». Calificó a los responsables de la decisión como «personas malignas, sin escrúpulos y con un desconocimiento técnico enorme», acusando a Milei y Sturzenegger de ser los «responsables del genocidio en las rutas».
Aleñá también advirtió que los bienes de infraestructura de Vialidad, como edificios y maquinarias, «valen cientos de millones de pesos» y pasarán a ser liquidados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). «Para eso sí funcionan: hacer negociados con el patrimonio de todos los argentinos, son unos caraduras», lamentó.
Desmantelamiento Operativo y Pérdida de Soberanía Vial
La líder de STVyARA enfatizó que «esto no es una simple reorganización administrativa», sino que «significa desmantelar la capacidad operativa del Estado para intervenir en el desarrollo de infraestructura vial». Según ella, la decisión favorece un «esquema centralizado, vertical y con mayor lugar para la tercerización y privatización de funciones».
Aleñá refutó la justificación del Gobierno sobre una supuesta estructura onerosa y desproporcionada de Vialidad, y desmintió que el organismo haya reducido sus tareas a un simple «desmalezamiento». Remarcó que diariamente se realizan obras de bacheo, repavimentación, señalización, mantenimiento invernal y control de peso, entre otras funciones esenciales. «No se abordó el desfinanciamiento de su presupuesto deliberado en los últimos meses, que deterioró su funcionamiento y se usa hoy como justificación de su supuesta ineficiencia», sentenció.
Asimismo, combatió la idea gubernamental de que gran parte del trabajo vial ya está tercerizado y que el sector privado es más eficiente. «Esta visión mercantiliza la función pública y omite que Vialidad tiene una función estratégica en la planificación y control del desarrollo vial», señaló, agregando que «las contrataciones privadas no siempre implican eficiencia ni transparencia: el rol de control estatal es irremplazable».
Finalmente, la referente gremial criticó el traspaso de las funciones de Vialidad al Ministerio de Economía, argumentando que esto «aleja las decisiones de los territorios y debilita el carácter técnico de la planificación vial». Advirtió que la nueva agencia quedará «atada a una lógica político-fiscalista, no técnica ni federal», lo que, a su entender, «elude el control parlamentario y suprime derechos laborales». Aleñá concluyó que esta desregulación implica una «pérdida de la soberanía vial», que derivará en decisiones sobre rutas y licitaciones en manos de privados o funcionarios sin anclaje territorial, aumentando los riesgos para la seguridad y el control de obras.
