Buenos Aires, Argentina – El fiscal ante la Cámara de Casación Penal, Mario Villar, solicitó que la expresidenta Cristina Kirchner continúe bajo arresto domiciliario por la condena a seis años de cárcel en la causa Vialidad, pero pidió que cambie el domicilio en el que cumple la sentencia. Villar argumentó que la presencia de la dirigente en su departamento de Constitución genera «tumultos y molestias en el barrio».
El pedido de Villar se conoció previo a la audiencia del máximo tribunal penal sobre las condiciones del arresto domiciliario de la exmandataria. En un giro significativo, el fiscal retiró el pedido original de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola para que la expresidenta cumpliera su condena en prisión.
La Defensa de Cristina Kirchner Impugna Restricciones
Por su parte, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, se opuso rotundamente a la solicitud de Villar de cambiar el domicilio. Además, Beraldi reclamó que la expresidenta no tenga restricciones en sus visitas y que se le retire la tobillera electrónica.
La defensa cuestiona la decisión del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de limitar el acceso a la propiedad solo a familiares, abogados y médicos, sin necesidad de requerir un permiso judicial. Beraldi y Ary Llernovoy, también abogado de la exmandataria, argumentaron que los jueces del TOF2 omitieron que la expresidenta necesita reunirse frecuentemente con profesionales contables y apoderados para cuestiones administrativas diarias. Para los defensores, las reglas impuestas son «incompatibles con el derecho a la vida familiar y social» de su representada.
Detalles de la Apelación Fiscal Original
Inicialmente, los fiscales federales Luciani y Mola habían apelado el arresto domiciliario de Cristina Kirchner, solicitando que la expresidenta fuera a una cárcel. Argumentaron que la domiciliaria era un «privilegio» y que existía una «falta de igualdad ante la ley».
Los fiscales sostuvieron que «las penas dictadas por su impulso en casos graves de corrupción pública se cumplan como corresponde en los establecimientos carcelarios». Consideraron que «no se verificaban las causales» para la prisión domiciliaria, ya que «jamás existieron motivos reales para apartarse de lo que constituye una clara regla del Código Penal y de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad: la pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario».
Luciani y Mola indicaron que «no se advertían las razones humanitarias que justificaran conceder una medida excepcional como lo es la prisión domiciliaria», ni se habían configurado «razones de salud o razones personales que, vinculadas a la edad» permitieran inferir que el encierro carcelario pudiera afectar el derecho a un trato digno o humanitario. Remarcaron que, según un informe socioambiental del 12 de junio, la expresidenta «estaba en un buen estado de salud general».
Decisión en Manos de Casación
La audiencia fue fijada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky (quien la lidera), Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. Los magistrados analizan las presentaciones de la defensa contra las restricciones de visitas y la apelación de los fiscales a la prisión domiciliaria. Tienen un plazo de cinco días hábiles para resolver.
