En una nueva jornada de movilización nacional, rectores, docentes y estudiantes protagonizaron la cuarta Marcha Federal Universitaria en defensa de la Ley de Financiamiento. Durante el acto, se realizó un pedido explícito a la Corte Suprema de Justicia para que intervenga y no permita que el Gobierno Nacional continúe incumpliendo la normativa vigente.
Protagonistas y apoyos
La marcha contó con una amplia representación del sector académico y gremial:
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Autoridades: Estuvieron presentes Franco Bartolacci (presidente) y Anselmo Torres (vicepresidente) del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
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Sindicatos: Participó el Frente Gremial Docente y No Docente, que agrupa a federaciones como CONADU, FEDUN, CTERA y FATUN, entre otras.
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Centrales Obreras: La CGT y ambas CTA acompañaron con sus columnas, exigiendo recomposición salarial y presupuesto para hospitales universitarios.
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Presencia Política: Se sumó el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a legisladores del peronismo y de fuerzas de izquierda como el FIT y el Nuevo MAS.
Denuncias sobre el presupuesto y el «contrato social»
La Federación Universitaria Argentina (FUA) fue la encargada de leer un documento con duras críticas a la gestión económica del presidente Javier Milei:
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Pérdida de recursos: Se denunció que, desde diciembre de 2023, se ha perdido el equivalente a casi 9 meses de transferencias.
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Gastos de funcionamiento: Afirmaron que el poder adquisitivo de estas partidas no ha superado el 64% de lo que representaba en enero de 2023.
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Conflicto de poderes: El documento calificó el accionar del Ejecutivo como un «desprecio institucional sin precedentes» al ignorar la Ley N° 27.795 y desoír fallos judiciales, advirtiendo que esta actitud rompe el «contrato social» y el estado de derecho.
La universidad como recurso estratégico
Los referentes enfatizaron que la universidad pública y el sistema de investigación son pilares fundamentales para la economía y la soberanía científica y tecnológica del país. Advirtieron que el desfinanciamiento y la caída salarial están llevando a la comunidad científica a una «situación límite», poniendo en riesgo la posibilidad de que la industria nacional compita globalmente y genere empleos de calidad.
