Las diputadas nacionales Carolina Basualdo y Alejandra Torres impulsaron en el Congreso de la Nación un paquete legislativo destinado a reforzar el marco normativo contra la trata de personas y la explotación sexual mediante la clausura de establecimientos clave y el endurecimiento del Código Penal.
La primera iniciativa propone prohibir, en jurisdicción federal, la habilitación y funcionamiento de recintos vinculados a la oferta sexual, tales como cabarets, whiskerías, clubes nocturnos, agencias de acompañantes, casas de masajes y propiedades de alquiler temporal utilizadas para tal fin. La norma establece la clausura inmediata e irredimible de las instalaciones infractoras, la nulidad de sus permisos administrativos y convoca a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar regulaciones con similar criterio.
Reforma del Código Penal e iniciativas de prevención
El segundo proyecto contempla una modificación sustancial en los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal para elevar las escalas punitivas vigentes:
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Pena básica: Aumenta de la escala actual (4 a 8 años) a un rango de 6 a 12 años de prisión.
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Agravantes: Se elevan a penas de 10 a 20 años de cárcel ante casos que involucren engaño, violencia, abuso de vulnerabilidad o participación de funcionarios públicos.
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Explotación consumada: Dispone condenas de 15 a 20 años de prisión.
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Víctimas menores de edad: Establece penas que van de 18 a 25 años de cárcel.
