A través del Decreto 82/2026, el presidente Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger formalizaron la prórroga. El organismo, que ya redujo su personal a 172 empleados, busca alcanzar la autonomía financiera.
BUENOS AIRES – El proceso de reorganización de las empresas públicas continúa su marcha. Este martes, el Gobierno Nacional oficializó la prórroga de la intervención de Educ.Ar Sociedad Anónima Unipersonal hasta el 4 de febrero de 2027. La medida busca dar cierre a la compleja reestructuración administrativa y operativa que comenzó en 2024 tras la firma del DNU 70/2023.
Los motivos de la prórroga
Desde la Casa Rosada argumentaron que la normalización de Educ.Ar y de programas clave como Conectar Igualdad ha resultado más compleja de lo previsto. Según el decreto, una finalización abrupta de la intervención podría derivar en:
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Fragmentación en la toma de decisiones.
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Debilitamiento de los mecanismos de control.
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Discontinuidad en la conducción de las reformas iniciadas.
La Jefatura de Gabinete se reserva, además, la facultad de extender este plazo por un año adicional (hasta 2028) si fuera necesario para asegurar la transición hacia un esquema de funcionamiento regular.
El balance del ajuste: reducción de personal y ahorro
Desde que se inició la intervención, el organismo ha experimentado cambios drásticos en su estructura de costos y recursos humanos:
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Retiros Voluntarios: Se implementaron dos planes que redujeron la dotación de personal a solo 172 empleados.
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Organigrama: Se eliminaron niveles jerárquicos y se definieron áreas esenciales para mejorar la eficiencia.
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Regularización: Se aprobaron balances que estaban pendientes y se normalizaron trámites ante la Inspección General de Justicia (IGJ).
Hacia la sostenibilidad financiera
El ingeniero Gastón Mariano Martín, quien lidera la intervención desde noviembre de 2024, tiene como mandato principal el diseño de un plan de generación de recursos propios. El objetivo final es que Educ.Ar deje de depender exclusivamente del presupuesto nacional y alcance la sostenibilidad de manera autónoma.
Además de la reestructuración del personal, el proceso incluye la modificación del reglamento de compras y la elaboración de nuevos manuales de procedimiento bajo estándares de transparencia e integridad.
