El rechazo judicial a la demanda del CECIM dejó sin efecto los límites a la venta de tierras a extranjeros y reavivó la presión política en el Congreso. La oposición busca los votos de los gobernadores para convocar a sesión, mientras el oficialismo diseña un «operativo blindaje».
La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia, que revocó el fallo que frenaba la derogación de la Ley de Tierras, volvió a poner en el centro de la escena política al DNU 70/23, la norma insignia del Poder Ejecutivo conducido por Javier Milei. Ante el nuevo escenario legal, bloques de la oposición en la Cámara de Diputados buscan acelerar los consensos para rechazar el decreto en el recinto, mientras La Libertad Avanza prepara alternativas legislativas para proteger la medida.
El pronunciamiento del máximo tribunal —firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— no ingresó en el análisis de constitucionalidad de la norma, sino que desestimó la presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata por considerar que la entidad no poseía legitimación activa para promover una acción colectiva sobre la soberanía territorial.
Como consecuencia directa de la resolución, recobró vigencia la derogación de la Ley 26.737, eliminando los topes que restringían la adquisición de inmuebles rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras (que fijaba un límite general del 15% a nivel nacional, provincial y municipal).
La estrategia opositora y el rol de las provincias
Tras la novedad judicial, legisladores de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda entablaron conversaciones para evaluar una convocatoria a sesión especial, fijando como horizonte tentativo mediados de octubre.
Cabe recordar que el DNU 70/23 ya fue rechazado por el Senado en marzo de 2024, por lo que una votación en contra por parte de la Cámara Baja significaría su derogación definitiva. Sin embargo, el esquema legal de los decretos de necesidad y urgencia obliga al Congreso a expedirse por la validez o invalidez total, sin posibilidad de aprobar o rechazar artículos de manera individual.
Para alcanzar la mayoría, los bloques opositores requieren del acompañamiento de los gobernadores dialoguistas —como el cordobés Martín Llaryora—, cuyos diputados se han mantenido cautos respecto a votar el rechazo global de la norma.
El «operativo blindaje» de La Libertad Avanza
Para evitar una derrota legislativa y contener el malestar de algunos sectores provinciales, el bloque oficialista evalúa alternativas técnicas. Entre las opciones en análisis se contempla introducir modificaciones con restricciones mínimas a la compra de tierras dentro de otros proyectos en trámite, como la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada o la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
En paralelo, el clima político sumó tensión en los plenarios de comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Legislación Penal, donde se registraron cruces verbales entre diputados del oficialismo y la oposición durante el debate por la causa Malvinas. Desde el CECIM La Plata, en tanto, ratificaron su rechazo a la resolución de la Corte y mantendrán reuniones con bloques parlamentarios para impulsar la caída del decreto en el Poder Legislativo.
