BUENOS AIRES. El Poder Ejecutivo Nacional anunció que apelará el reciente fallo judicial que lo obliga a aplicar de manera inmediata la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, argumentando que «no tenemos los fondos para hacerlo». Esta decisión profundiza el conflicto entre el Gobierno y la Justicia Federal en un tema sensible que afecta a miles de personas con discapacidad en todo el país.
Una «altísima fuente del Poder Ejecutivo» confirmó a Infobae la postura oficial: «No tenemos los fondos para hacerlo. Nos encantaría cumplir, pero nos faltan las partidas para poder hacerlo».
La Justicia Federal Declaró Inválida la Suspensión
El fallo en cuestión fue dictado por el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, quien declaró la invalidez del Artículo 2° del Decreto 681/2025. Este decreto había sido utilizado por el Ejecutivo para suspender la ejecución de la Ley, sancionada por el Congreso en septiembre de 2025.
En la parte resolutiva, el juez González Charvay hizo lugar a la acción colectiva impulsada por familiares y asociaciones, ordenando la aplicación inmediata de la Ley 27.793 y subrayando la gravedad de la crisis que atraviesan las personas con discapacidad, citando jurisprudencia internacional sobre el derecho autónomo al cuidado.
El Juez de Campana sentenció: «La cláusula del Art. 2 del Decreto 681/2025 resulta ser inválida a todos sus efectos, ya que violenta de manera objetiva y directa el mandato constitucional de promulgación establecido por el Art. 83 de la Constitución Nacional.»
La Crisis de los Prestadores
La demanda colectiva, que sumó la adhesión de numerosas entidades como FAICA, CAIDIS y AIEPESA, expuso una crisis estructural:
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Pérdida de Poder Adquisitivo: Entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, la inflación acumulada fue del 114,6%, mientras que los aranceles de prestaciones solo aumentaron un 42,6%.
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Consecuencia: Esto generó una pérdida del poder adquisitivo del 51,5%, documentándose el cierre de instituciones, la interrupción de tratamientos esenciales y la pérdida de servicios como el transporte adaptado.
El Debate Fiscal y la Ley de Estabilidad
El Gobierno defiende la suspensión de la ley argumentando que el Congreso no especificó la fuente de financiamiento. Esta postura se alinea con la lógica de la Ley de Estabilidad Fiscal, un proyecto que el Ejecutivo impulsa en sesiones extraordinarias y que busca establecer que: «toda ley que establezca o autorice gastos no contemplados en el presupuesto general comenzará a regir una vez que las partidas correspondientes sean incluidas expresamente en la ley de presupuesto general del ejercicio fiscal siguiente al de su sanción.»
Sin embargo, el juez desestimó el argumento fiscal del Ejecutivo, señalando que el propio Congreso había facultado al Jefe de Gabinete a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para financiar la ley.
El fallo remarcó: «Nada impide a la Jefatura de Gabinete hacer uso de la herramienta de financiación que la Ley 27.793 le ha otorgado… Lo contrario, concurriría a configurar un uso parcializado y discriminado de recursos por parte del PEN.»
Con la apelación confirmada, el conflicto se trasladará a una instancia superior, manteniendo en suspenso la aplicación de la Ley de Emergencia y la situación de miles de familias.
