Tras dos años de haberes fijos, Javier Milei autorizó aumentos sustantivos para su gabinete. El ministro Luis Caputo justificó la medida alegando que los funcionarios se van al sector privado por mejores ofertas.
BUENOS AIRES – En un giro que desafía la narrativa de austeridad absoluta, el Gobierno Nacional decidió poner fin al congelamiento de haberes para los cargos políticos de mayor jerarquía. La medida, que impacta directamente en el bolsillo de ministros y secretarios, llega en un momento de fuerte pérdida del poder adquisitivo para el resto de la población, reabriendo el debate sobre la equidad en el esfuerzo del ajuste estatal.
El argumento oficial: El factor «Open to Work»
Desde el Palacio de Hacienda, el ministro Luis Caputo fue el encargado de defender la actualización salarial. Según el funcionario, el congelamiento estaba provocando una «fuga de cerebros» hacia el sector privado.
El caso más emblemático de esta crisis de recursos humanos se dio en el Indec, donde el sucesor de Marco Lavagna, Pedro Lines, mantenía activo en su perfil de LinkedIn el cartel de «Open to Work» (abierto a ofertas laborales), evidenciando que el cargo público no resultaba lo suficientemente competitivo. «A mucha gente se le hace muy difícil. En Producción se me fueron un montón porque tienen mejores sueldos fuera del Estado», confesó Caputo.
La nueva escala salarial
Si bien el Presidente ($4.066.018 bruto) y la Vicepresidenta ($3.764.821 bruto) mantendrán sus haberes congelados por decreto, el resto del gabinete experimentará un salto notable:
| Cargo | Sueldo Bruto Anterior | Nuevo Sueldo Bruto (Estimado) | Sueldo Neto (Bolsillo) |
| Ministros | $3.584.006 | $5.800.000 – $6.600.000 | ~$5.500.000 |
| Secretarios | $3.282.709 | En proceso de actualización | – |
El impacto político del «descongelamiento»
La medida genera una evidente tensión con el discurso de la «motosierra». Mientras la administración nacional exige sacrificios a la clase media y sectores vulnerables bajo la premisa de que «no hay plata», la cúpula política se asegura ingresos que los ubican en el decil más alto de la pirámide salarial del país.
Analistas coinciden en que, si bien la retención de cuadros técnicos es un problema real de la administración pública, la oportunidad política de la medida es cuestionable. Para el ciudadano de a pie, un aumento de esta magnitud resulta inalcanzable y contradice la promesa de que el ajuste lo pagaría principalmente la «casta».
