SAN JUAN. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) presentó la actualización del mapa de peligrosidad sísmica del territorio argentino, ratificando que el sur de San Juan y el norte de Mendoza continúan clasificados en el nivel de máxima exposición del país. La actualización incorpora datos acumulados a lo largo de cuatro décadas mediante tecnología de medición moderna, ofreciendo una cartografía más precisa sobre la acumulación y liberación de energía en el subsuelo.
Desde el organismo aclararon que este reordenamiento no responde a un incremento en la actividad telúrica reciente, sino a la precisión de los nuevos registros para optimizar la planificación urbana y las normas de edificación.
Niveles de peligrosidad por regiones
La cartografía técnica categoriza al país según la probabilidad de ocurrencia e intensidad de eventos sísmicos:
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Zona de máxima peligrosidad (Zona 4): Comprende el sur sanjuanino y el norte mendocino, incluyendo ambas áreas metropolitanas y sus capitales. La fricción constante entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana exige la aplicación de los códigos de construcción más rigurosos del país.
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Zona de riesgo elevado (Zona 3): Abarca el este de San Juan, centro de Mendoza, oeste de La Rioja y el noroeste de San Luis. En estos sectores, la probabilidad sísmica incide directamente en el diseño estructural de viviendas, trazados viales y obras hídricas.
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Zonas medias a moderadas: Áreas de las provincias de Salta y Jujuy mantienen niveles de sismicidad media a alta, mientras que el norte y centro de la Patagonia registran niveles moderados.
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Zonas de baja peligrosidad: Córdoba, el sur de Tucumán, la llanura pampeana y la Mesopotamia se sitúan en los escalones inferiores del mapa.
🏗️ Impacto en las normas de construcción
El INPRES enfatizó que la seguridad estructural de una edificación radica en el estricto cumplimiento de los reglamentos INPRES-CIRSOC, los códigos nacionales que rigen las construcciones antisísmicas.
Para la provincia de San Juan, la vigencia de este mapa ratifica la obligación de que toda obra nueva o ampliación urbana sea proyectada y supervisada por profesionales matriculados, garantizando el respeto a los parámetros técnicos fijados para la zona de mayor riesgo del país.



