BUENOS AIRES – El presidente Javier Milei firmó este miércoles el veto a la ley de Financiamiento Universitario, una normativa aprobada por el Congreso que buscaba una recomposición de las partidas presupuestarias para las universidades públicas del país. El Gobierno había anticipado su rechazo a la ley, argumentando que no cuenta con los recursos para afrontar el gasto. El mismo destino tendrían las leyes de Emergencia Pediátrica y de reparto de Adelantos del Tesoro de la Nación (ATN).
El veto presidencial, también firmado por los ministros del Gabinete, anula una ley que pretendía establecer varios puntos clave para las universidades:
- Un esquema de paritarias para salarios docentes y no docentes, vinculando la actualización a la inflación.
- Actualización de los gastos de funcionamiento.
- Creación de fondos para infraestructura, becas y carreras estratégicas.
- Un plan de financiamiento progresivo, que elevaría el presupuesto universitario del 1% al 1,5% del PBI entre 2026 y 2031.
Motivos del veto
El Gobierno justificó su decisión alegando que la ley «incrementa de manera desproporcionada el gasto público» sin que existan recursos suficientes para solventarlo. Afirmaron que esto podría generar un «desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica» y provocar «perjuicios concretos para la población, especialmente para los sectores más vulnerables».
Además, el Ejecutivo sostuvo que aumentar el gasto sin respaldo fiscal obligaría al Gobierno a recurrir a la emisión monetaria, lo que presionaría los precios y erosionaría el poder adquisitivo de los salarios. El presidente Milei reiteró que su administración está comprometida con el equilibrio fiscal a largo plazo.
En el texto del veto, Milei argumentó que el lugar adecuado para debatir sobre los recursos y gastos es el proyecto de Presupuesto 2026, que será enviado al Congreso y anunciado por cadena nacional el próximo lunes a las 21 horas.
El veto ahora será enviado al Congreso de la Nación para que los legisladores lo analicen. Deberán decidir si lo reafirman o si, por el contrario, lo rechazan. Este escenario ya se vivió con la ley de Emergencia en Discapacidad, donde el Congreso logró revertir el veto presidencial.
