Tras años de investigación, Romeo, Sol y Juan José Saavedra reconocieron este miércoles su participación en una maniobra ilegal con tarjetas de beneficios nacionales. La causa, que involucra el desvío de fondos destinados a personas vulnerables, se encamina a una condena mediante juicio abreviado.

SAN JUAN – En una audiencia clave celebrada en el Tribunal Oral Federal, los tres integrantes de la familia Saavedra aceptaron su responsabilidad en el manejo irregular de tarjetas de planes sociales. Ante el juez Hugo Echegaray, los imputados prestaron conformidad al acuerdo alcanzado, admitiendo los hechos que se les atribuyen en una de las causas por fraude al Estado más resonantes de los últimos años en la provincia.

La mecánica del fraude

La investigación judicial determinó que la estructura operaba con al menos 51 tarjetas vinculadas a programas nacionales como el Progresar. El esquema consistía en la retención de los plásticos para realizar extracciones de dinero, quedándose con una parte del beneficio que debía llegar a los titulares originales.

Roles detectados por la fiscalía:

• Romeo Isidoro Saavedra: Señalado como el principal responsable de realizar las extracciones físicas en los cajeros.

• Sol Araceli Saavedra: Encargada de la logística de captación, contactando principalmente a jóvenes estudiantes para sumarlos al beneficio y retener sus tarjetas.

• Juan José Saavedra: Habría facilitado la operatoria desde su posición dentro de la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo, aportando una estructura institucional a la maniobra.

El origen del caso: un llamado al 911

El expediente se remonta a diciembre de 2017, cuando un cliente del Banco Hipotecario notó movimientos sospechosos. Un hombre pasaba largos minutos frente al cajero automático operando con múltiples plásticos.

1. La detención: La policía interceptó a Romeo Saavedra en el lugar y descubrió que llevaba consigo decenas de tarjetas y una importante suma de dinero en efectivo.

2. La prueba clave: Los investigadores detectaron que gran parte de las tarjetas compartían la misma clave de seguridad, lo que confirmó que el manejo estaba centralizado por la organización y no por los beneficiarios.

Próximos pasos judiciales

Con la admisión de culpabilidad realizada este miércoles, el proceso entra en su etapa final. El juez Echegaray fijó una nueva audiencia para el próximo 27 de mayo.

En ese encuentro, el fiscal Fernando Alcaraz y las defensas discutirán los montos de las penas. Posteriormente, el magistrado dictará la sentencia definitiva para los tres involucrados, cerrando un caso que generó un fuerte impacto político debido a los vínculos de los implicados con dirigencias locales y organismos nacionales.