BUENOS AIRES. En un nuevo y explosivo capítulo del escándalo que sacude a la cúpula del fútbol argentino, la Dirección General Impositiva (DGI) presentó este viernes una contundente denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.
La denuncia, formalizada ante el fuero penal económico, acusa a la entidad de la apropiación indebida de tributos y la retención no depositada de aportes previsionales por una cifra que supera los 7 mil millones de pesos ($7.593.903.512,23 para ser exactos).
Cifras Escandalosas y Períodos Investigados
El organismo recaudador, bajo la dirección de Andrés Vázquez, actuó en base a un informe de la jefa de la División Penal del sector de Control de Grandes Contribuyentes de ARCA, Vanina Vidal. Los reportes detectaron graves irregularidades en los períodos recientes:
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Retención de Tributos: Meses de agosto y septiembre pasados.
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Retención de Aportes Previsionales: Desde diciembre de 2024 hasta septiembre último.
La DGI remarcó que la AFA «conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones», pero no depositó los fondos en el plazo legal de 30 días.
«No sólo importa la falta de depósito sino también la dilación en el depósito, ya que ello implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio,» sostiene la denuncia, citando jurisprudencia.
Tapia Señalado Como Máximo Responsable
El escrito, presentado ante el Juzgado de Garantías en lo Penal Económico 5, a cargo del juez Diego Amarante, apunta directamente a la máxima autoridad de la entidad.
Al definir la autoría de los delitos especiales previstos en el Régimen Penal Tributario (Ley 27.430), el organismo señaló como directivo a cargo a Claudio Fabián Tapia. Las penas previstas para los delitos de retención indebida de tributos y contribuciones de la Seguridad Social van de dos a seis años de prisión.
El organismo oficial se presentó como «perjudicado» por esta conducta y exigió que se actúe contra «los autores, coautores, cómplices, encubridores o instigadores de los hechos» investigados.
Contexto de Investigación
La denuncia de la DGI irrumpe en un momento de gran tensión para Tapia, quien ya era objeto de otras investigaciones judiciales que buscan determinar si posee supuestos testaferros que administrarían un patrimonio multimillonario obtenido, presuntamente, mediante maniobras de lavado de dinero. Este nuevo expediente tributario profundiza el delicado panorama judicial que enfrenta la dirigencia del fútbol argentino.
