Nueva York, EE.UU. – El gobierno de Estados Unidos anunció que se presentará ante la Justicia de su país para respaldar a la Argentina en su intento de evitar la entrega de las acciones de YPF, en el marco de la millonaria sentencia de US$16.000 millones por la expropiación de la petrolera. Esta decisión del Departamento de Justicia norteamericano busca apoyar el pedido argentino ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que busca rechazar la orden de la jueza Loretta Preska.
La magistrada había fallado contra el país a fines de junio, dictaminando la transferencia inmediata de los papeles de la petrolera a los fondos Burford y Eton Park por el juicio perdido en 2023. No obstante, esta sentencia se encuentra actualmente suspendida de manera temporal, luego de una apelación de la Argentina ante el tribunal superior.
«La intervención del gobierno de EE.UU. en respaldo a la Argentina apunta, con toda probabilidad, a influir en la Corte de Apelaciones para que suspenda la ejecución del fallo de la jueza Loretta Preska mientras se tramita la apelación», analizó Sebastián Maril de Latam Advisors. El especialista aclaró que este respaldo del Departamento de Justicia no parece extenderse a la apelación vinculada a la orden de entrega de las acciones de YPF, ni tampoco al fallo de fondo por el que se condenó al país a pagar US$16.100 millones.
Cabe recordar que, el año pasado, la administración estadounidense ya se había presentado como «amicus curiae» (amigo de la corte) de la Argentina, rechazando lo que en ese momento era un pedido de los demandantes para que la sentencia se cobrara con acciones de YPF. En aquella ocasión, el Departamento de Justicia de EE.UU. argumentó que una medida como la de entregar las acciones de YPF «viola las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos». A pesar de ello, la jueza Preska desoyó este consejo y falló contra la Argentina.
Cómo sigue el caso YPF
Según explicó Sebastián Soler, exviceprocurador del Tesoro, tras la aceptación por parte de la Cámara de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York de la suspensión de la orden de Preska, se abre un nuevo cronograma judicial:
- 17 de julio: El fondo Burford deberá presentar su oposición al pedido argentino de extender la suspensión hasta que la Cámara se expida sobre la apelación.
- 22 de julio: Argentina responderá con argumentos a favor de sostener la suspensión preventiva.
- Próximas semanas: Se elegirá a los tres jueces que integrarán la sala encargada de resolver la cuestión. Una vez que concluyan los cruces de escritos y se defina la integración de la sala, la Cámara podrá fallar en cualquier momento, ya que «no tiene plazo para hacerlo», detalló el abogado.
Maril estima que en los próximos 15 días se definirá si la Corte de Apelaciones acepta o rechaza el planteo de la Argentina. Si avala el pedido argentino, la orden de Preska quedará sin efecto hasta que se resuelva la apelación contra su sentencia de fondo (que fijó una condena de US$16.100 millones), cuya definición no se espera antes de 2026. En cambio, si el tribunal rechaza el pedido argentino, volverá a regir la orden de entrega de las acciones.
El contexto del juicio por la expropiación de YPF
El 15 de septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska condenó a la Argentina a pagar US17.750 millones.
Este fallo benefició a Burford y Eton Park, que habían adquirido los derechos para litigar que poseía el grupo Petersen, de la familia Eskenazi, dueños del 25% de YPF al momento de la expropiación. El reclamo se centró en que el gobierno argentino no cumplió con el estatuto de YPF al nacionalizar la participación de Repsol en la compañía sin ofrecer una operación similar al resto de los accionistas, a quienes finalmente se les pagó con bonos.
Desde el fallo de fines de 2023, la Argentina ha apelado la sentencia. Ante la demora del país en efectuar el pago o en intentar algún tipo de acuerdo, los demandantes han intensificado sus estrategias de presión, incluyendo el pedido de entrega de las acciones de YPF en manos del Estado, un punto que ya cuenta con un fallo favorable de Preska y una apelación argentina en curso, abriendo la puerta a que otros acreedores del país también reclamen ser compensados con papeles de la petrolera.
