Lo que comenzó como una investigación por un violento asalto dio un vuelco inesperado en las últimas horas. Un hombre de apellido Montenegro, quien ingresó al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson con graves heridas, terminó confesando que la autoría de la agresión corresponde a sus dos cuñadas y que inventó la historia del robo por «vergüenza».
A raíz de esta confesión, la causa cambió de jurisdicción: la UFI de Delitos contra la Propiedad (que investigaba un robo agravado) dio paso a la Unidad Fiscal Genérica, que ahora instruye el legajo bajo la carátula de lesiones.
La mentira que alertó a los investigadores
En un primer momento, Montenegro aseguró a los efectivos policiales que había sido interceptado por delincuentes que lo atacaron para quitarle sus pertenencias. Sin embargo, el relato presentaba inconsistencias temporales y geográficas que llamaron la atención de los pesquisas.
Ante el interrogatorio de los investigadores, el hombre se quebró y admitió la verdad: el ataque ocurrió en un entorno familiar durante un festejo en la Villa del Sur, departamento Chimbas.
Crónica de una pelea familiar
Según el nuevo testimonio de la víctima, los hechos se desencadenaron de la siguiente manera:
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La discusión: Montenegro asistió a un cumpleaños con su novia. En un momento de la noche, la pareja comenzó a discutir.
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El ataque: Para evitar que la pelea escalara frente a todos, la mujer salió de la vivienda. Fue en ese instante cuando dos de sus hermanas (cuñadas de Montenegro) lo abordaron y comenzaron a propinarle patadas en la cabeza.
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La huida: Tras la golpiza, el hombre logró escapar corriendo del domicilio. Atravesó varias calles hasta llegar al barrio Los Andes, lugar desde donde finalmente solicitó auxilio policial.
Situación Legal
La justicia ahora se centra en determinar la gravedad de las lesiones sufridas por Montenegro para avanzar con las medidas correspondientes contra las dos mujeres señaladas. Por su parte, la declaración inicial falsa también podría traer consecuencias legales para el hombre, al haber movilizado recursos judiciales y policiales bajo una premisa inexistente de inseguridad.



