Referentes como Ricardo Alfonsín, Federico Storani y Leopoldo Moreau exigen que la Justicia trate de manera urgente la medida cautelar contra el decreto 941/2025. Advierten que las nuevas facultades de espionaje generan un «daño irreparable» a la privacidad.

La batalla judicial contra la reforma del Sistema de Inteligencia Nacional sumó un nuevo capítulo de alta tensión. Un grupo de destacados dirigentes políticos, representados por los abogados Miguel Ángel Pierri y Martín Nahuel Montalto, presentó un recurso de apelación para forzar la habilitación de la feria judicial y lograr la suspensión inmediata del DNU 941/2025.

El núcleo del conflicto

El planteo surge tras la negativa del juzgado federal de feria, que el pasado 15 de enero rechazó tratar el amparo colectivo, postergando cualquier decisión hasta el fin del receso de verano. Los recurrentes sostienen que esta demora es inaceptable, ya que el decreto:

• Se encuentra plenamente vigente: Está produciendo efectos jurídicos desde su publicación.

• Amplía facultades de espionaje: Habilita tareas encubiertas e intercambio de información sin control judicial previo.

• Riesgo de secreto: Al tratarse de tareas de inteligencia bajo régimen de secreto, una vez iniciadas, la afectación a la intimidad sería «de imposible recomposición ulterior».

Los protagonistas del reclamo

La acción de amparo cuenta con el respaldo de figuras históricas de la política argentina, incluyendo a:

• Ricardo Alfonsín, Federico Storani y Luis Cáceres.

• Leopoldo Moreau, Manuel Garrido, Eduardo Santín y Ricardo Terrile.

A este grupo se suman otros amparos presentados de forma independiente por los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade (Coalición Cívica), Esteban Paulón (Partido Socialista) y el CELS, lo que demuestra una resistencia multisectorial a la normativa del Ejecutivo.

Críticas al «rigor formal» de la Justicia

En el escrito de apelación, los abogados cuestionaron duramente la postura del juez Walter Lara Correa, quien se había opuesto a habilitar la feria bajo el argumento de que el tema debe ser resuelto por los «jueces naturales» en febrero.

Para los demandantes, esta postura exhibe un “excesivo rigor formal” que obstaculiza el acceso a la justicia. Argumentan que permitir que la Administración actúe bajo una norma cuya constitucionalidad está cuestionada durante todo enero podría “tornar ilusoria” cualquier tutela judicial posterior.

¿Qué sigue?

Ahora, la Cámara de Feria deberá decidir si revoca la decisión de primera instancia y ordena el tratamiento urgente de la cautelar. La resolución marcará un precedente clave sobre los límites de los decretos de necesidad y urgencia en áreas sensibles como la seguridad nacional y los derechos individuales.