El máximo tribunal resolvió el conflicto de competencia y ordenó que la causa por presunto abuso de autoridad y apremios ilegales quede radicada en los tribunales de Comodoro Py, bajo la tutela del juez Marcelo Martínez De Giorgi.

La exministra de Seguridad y actual senadora, Patricia Bullrich, será investigada formalmente por la justicia federal tras el operativo policial desplegado el pasado 4 de septiembre de 2024. Aquella jornada, una movilización de jubilados frente al Congreso Nacional —que protestaba contra el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria— terminó con incidentes, represión y un saldo de decenas de heridos.

El origen de la denuncia

La causa se inició a partir de una presentación judicial del diputado Horacio Pietragalla, quien acusó a la entonces funcionaria de haber ordenado un despliegue desmedido de la Policía Federal. Según el escrito, el accionar de las fuerzas de seguridad incurrió en:

• Apremios ilegales.

• Abuso de autoridad.

El operativo dejó un saldo de aproximadamente 30 personas heridas, entre las cuales se encontraban al menos ocho trabajadores de prensa que cubrían la manifestación.

El conflicto de competencia

La investigación atravesó un complejo camino administrativo antes de confirmarse su destino final. Inicialmente, el juez Martínez De Giorgi había intentado declinar la competencia, argumentando que el caso estaba vinculado a la validez del protocolo antipiquetes, el cual ya se discutía en otros expedientes.

Sin embargo, el juzgado nacional que recibió la causa rechazó el pase, sosteniendo que, al tratarse de una denuncia penal contra una funcionaria pública por actos realizados en el ejercicio de su cargo, la competencia exclusiva corresponde a la Justicia Federal.

La resolución final

Ante la disputa entre ambos juzgados, la Corte Suprema de Justicia intervino para destrabar el conflicto. El máximo tribunal determinó que los hechos deben ser analizados en los tribunales de Retiro, devolviendo el expediente al despacho de Martínez De Giorgi en Comodoro Py.

Con esta decisión, la justicia comenzará a analizar si el uso de la fuerza y la aplicación del protocolo de seguridad durante aquella protesta se ajustaron a derecho o si existieron órdenes que vulneraron las garantías constitucionales de los manifestantes.