La Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública de San Juan ha informado que actualmente tramita más de 300 sumarios administrativos contra miembros de la policía y del servicio penitenciario provincial. Estas investigaciones, según Damián Villavicencio, titular del área, surgen de denuncias por diversas faltas, incluyendo presuntos abusos en procedimientos y faltas disciplinarias.
La subsecretaría recibe entre 50 y 70 denuncias mensuales directamente de ciudadanos que alegan haber sido víctimas de conductas irregulares. Sin embargo, solo una pequeña fracción de estas denuncias deriva en un sumario formal y, en menor medida, en sanciones efectivas. Villavicencio detalló que alrededor del 10% de las denuncias se convierten en sumarios, tras un análisis de la verosimilitud de los hechos y la existencia de pruebas. De esos sumarios, entre el 20% y el 30% concluyen con una sanción, lo que significa que menos del 3% de las denuncias iniciales terminan en una resolución sancionatoria.
Desafíos en la investigación y tipos de faltas
Villavicencio explicó que la falta de pruebas suficientes por parte de los denunciantes, como videos, fotos o testigos, dificulta el avance de muchos procesos y limita la posibilidad de establecer responsabilidades. No obstante, algunas investigaciones se inician de forma preventiva incluso antes de que los hechos sean denunciados ante la justicia penal, permitiendo una acción interna inmediata.
Los más de 300 sumarios abiertos en lo que va del año abarcan una amplia variedad de conductas. Estas incluyen desde incumplimientos en servicios adicionales y desvíos de patrullaje, hasta casos de violencia de género y denuncias de apremios ilegales. La mayoría de estos casos se resuelven en el ámbito administrativo interno, aunque cuando existe una causa judicial, las investigaciones se llevan a cabo de manera paralela. Si un efectivo es condenado por un delito doloso con sentencia firme, podría enfrentar sanciones como la cesantía o la exoneración de la fuerza. Durante el trámite judicial, la Jefatura de Policía puede suspender al efectivo de manera preventiva a solicitud de la subsecretaría.
Casos recientes que reavivan el debate
Dos hechos recientes han puesto el foco nuevamente en el accionar policial de San Juan. Uno de ellos involucra a Cristian Morales, un joven de 30 años que terminó internado en terapia intensiva tras ser detenido por una contravención en la Comisaría 6ª. La UFI Delitos Especiales ha imputado a tres efectivos –el oficial Cristian Gabriel Aciar y los agentes Gabriel Adrián Mariño y Alejandro Emiliano González– por apremios ilegales y lesiones graves, dictando prisión preventiva por tres meses. De forma paralela, la Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión ha abierto un sumario administrativo y está recabando testimonios, analizando imágenes de cámaras de seguridad y reuniendo documentación para determinar responsabilidades.
