La Oficina Anticorrupción detectó que Cancillería ocultó documentos en un expediente de $114 millones adjudicado a la entidad que dirige la esposa del Ministro de Desregulación.
BUENOS AIRES, miércoles 18 de febrero de 2026 — Una nueva tormenta política y judicial sacude al Gabinete Nacional. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, su esposa María Josefina Rouillet, y el canciller Pablo Quirno han sido denunciados tras detectarse serias irregularidades en una contratación directa entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI).
La controversia estalló cuando la Oficina Anticorrupción (OA) detectó que en el expediente digital visible para el público faltaban dos documentos clave (#0044 y #0045), referidos precisamente a comunicaciones con la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la firma de un «Pacto de Integridad».
Los puntos críticos de la contratación
La adjudicación, por un monto de $114.044.133, presenta aristas que la OA y los denunciantes consideran sospechosas:
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Oferente único: El proceso se realizó mediante una «Adjudicación Simple por Especialidad», donde la AACI fue la única entidad que presentó oferta, eliminando cualquier competencia de precios.
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Salto en el cupo: Mientras que en 2025 solo 10 agentes tomaron los cursos, la propuesta para 2026 eleva el cupo a 132 alumnos. Esto implica un costo aproximado de $864.000 por alumno, independientemente de si las vacantes se completan o no.
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Información inexacta: La AACI alegó en su propuesta ser el «único Centro Platino de Cambridge en CABA», un dato que fue desmentido al verificar el listado oficial de Cambridge, donde figuran otros centros con el mismo estatus en Buenos Aires.
La defensa oficial: «No hay irregularidades»
Ante la escalada del conflicto, el canciller Pablo Quirno utilizó sus redes sociales para desmentir cualquier anomalía. El funcionario argumentó que:
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La AACI provee servicios a Cancillería desde el año 2018.
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Al declararse el vínculo familiar de Rouillet (esposa de Sturzenegger), se activó preventivamente el Decreto 202/2017, que estipula la intervención de la OA y la SIGEN.
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El esquema de pagos (40% de adelanto y cuotas fijas) busca proteger al Estado de la inflación, manteniendo los precios de marzo 2026.
El impacto judicial
A pesar de las explicaciones oficiales, la aparición de documentos «no publicados» en el expediente institucional de Cancillería ha generado sospechas de direccionamiento. La denuncia judicial presentada en las últimas horas busca determinar si hubo un beneficio indebido hacia la familia del ministro Sturzenegger y si el ocultamiento de documentos administrativos constituye un delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
