La situación judicial de Andrés Vázquez, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), alcanzó un nuevo punto crítico. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) solicitó formalmente su llamado a indagatoria por presuntas maniobras de enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa en sus declaraciones juradas y lavado de activos.

El dictamen, impulsado por el fiscal Sergio Rodríguez, sostiene que el funcionario habría ocultado su vínculo con sociedades offshore utilizadas para adquirir propiedades de lujo en el exterior. La resolución final sobre este pedido de indagatoria recae ahora sobre el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

Inmuebles en Miami y sociedades offshore

El eje de la investigación se centra en tres propiedades en Estados Unidos cuyo valor de mercado supera los US$2,1 millones. Según el expediente, las adquisiciones se realizaron bajo un complejo entramado societario:

• Icon Brickell (Miami): Dos unidades adquiridas en 2013.

• Chateau Beach Residences (Sunny Isles): Un inmueble de lujo comprado en 2015.

• Entramado societario: Las operaciones se habrían canalizado inicialmente a través de las firmas panameñas Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp., para luego transferirse a Galanthus Capital Limited, radicada en las Islas Vírgenes Británicas, donde Vázquez figuraría como beneficiario final.

Inconsistencias patrimoniales bajo la lupa

La fiscalía destacó una disparidad alarmante entre los ingresos declarados por el funcionario y sus movimientos financieros reales. Mientras Vázquez reportó activos líquidos por apenas US$40.000 en 2012 y US$44.000 en 2013, en ese mismo periodo se registraron transacciones inmobiliarias por más de US$1,1 millón.

Ante estas sospechas, la PIA solicitó ampliar la investigación por posibles delitos de evasión tributaria y solicitó medidas de cooperación internacional para obtener registros de cuentas en entidades como Bank of America, PNC Bank y Wells Fargo.

Cooperación internacional y movimientos migratorios

Como parte de las medidas solicitadas, se requirió información a la Embajada de Estados Unidos sobre los movimientos migratorios de Vázquez y su grupo familiar. La causa, que se inició a partir de una denuncia presentada por diputados de la Coalición Cívica, entra ahora en una etapa de definiciones que podría comprometer seriamente la estabilidad del máximo referente del organismo recaudador nacional.