El país perdió cinco posiciones en el ranking mundial durante el segundo año de gestión de Javier Milei. Con 36 puntos, la percepción de transparencia se encuentra en su nivel más bajo desde 2019.
BUENOS AIRES – Argentina no logra detener su caída en la consideración internacional sobre la transparencia de sus instituciones. Según el último Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) elaborado por la ONG Transparencia Internacional, el país bajó del puesto 99 al 104 sobre un total de 182 naciones evaluadas en el informe correspondiente al año 2025.
Las cifras del retroceso
La calificación de Argentina fue de 36 puntos sobre 100, lo que representa una caída de un punto respecto al año anterior. Este indicador es preocupante no solo por el descenso nominal, sino porque consolida una tendencia negativa que el país arrastra desde hace seis años.
Comparativa Global:
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Al mismo nivel que: Belice y Ucrania.
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Superada por naciones como: Zambia, Lesoto, Gambia y República Dominicana.
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Lejos del promedio: Mientras el promedio mundial es de 42 puntos, Argentina se mantiene 6 puntos por debajo, en la zona de países con «corrupción percibida alta».
¿Cómo se construye este índice?
El IPC no es un recuento de causas judiciales, sino un análisis de la «corrupción percibida» por expertos y empresarios en el sector público. Para garantizar objetividad, Transparencia Internacional combina datos de 13 encuestas y evaluaciones de instituciones de prestigio, tales como:
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El Banco Mundial.
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El Foro Económico Mundial.
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Diversas agencias de riesgo y consultoras internacionales.
El costo real de la falta de transparencia
El informe de 2025 es tajante al vincular la corrupción con la degradación de la calidad de vida. «La corrupción provoca hospitales con financiación insuficiente, defensas contra inundaciones sin construir y arruina las esperanzas y los sueños de los jóvenes», señala el documento.
Además, la organización advierte que el fenómeno no solo se limita a delitos tipificados como el soborno o la extorsión, sino que en Argentina se percibe una fuerte presencia de prácticas que, aunque a veces disfrazadas de legalidad, erosionan la confianza pública:
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Nepotismo: Favorecer a familiares en la función pública.
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Clientelismo: Uso de recursos estatales para obtener lealtad política.
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Malversación: Desvío de fondos destinados a fines sociales o infraestructura.
Contexto local
Este dato se conoce apenas días después de que la justicia pusiera bajo la lupa contratos millonarios en Cancillería vinculados a familiares de ministros y presuntos desvíos en la AFA, lo que refuerza la percepción de una debilidad en los mecanismos de control del Estado.
