San Juan, Argentina – A partir de este martes, el Gobierno de San Juan ha puesto en marcha un nuevo protocolo que prohíbe el corte total de calles como método de manifestación. La medida, anunciada por el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, busca equilibrar el derecho a la protesta con la garantía de la libre circulación de todos los ciudadanos.
La decisión surge tras la sorpresiva protesta de remiseros que el lunes pasado colapsó el microcentro sanjuanino. «La provincia tiene la obligación de proteger el derecho de todos los sanjuaninos a circular libremente», enfatizó Delgado.
El funcionario aclaró que el objetivo del protocolo no es criminalizar la protesta, sino «ordenarla» y establecer límites claros. «Ayer fuimos sorprendidos por una medida que tomó un sector con el que veníamos dialogando. Se afectó a comerciantes, trabajadores y personas que simplemente querían hacer un trámite. Eso no puede volver a repetirse”, explicó Delgado.
Detalles del nuevo protocolo
El flamante protocolo establece que la Policía de San Juan evaluará cada situación en el momento y determinará cómo el grupo manifestante puede expresarse sin entorpecer el tránsito. «Se podrá protestar en la vereda o al costado de la calle, pero no cortar la circulación. No más media calzada, no más interrupciones», remarcó el secretario.
Delgado fue contundente respecto a las consecuencias para quienes no respeten la normativa: «Si se corta la calle y no se respeta el protocolo, se actuará de oficio porque se trata de un delito flagrante según el artículo 194 del Código Penal. No se necesita orden judicial para intervenir”.
Acciones tras la protesta de remiseros
Sobre lo sucedido el lunes, el secretario de Seguridad adelantó que ya cuentan con material fílmico y documentación sobre los responsables del corte, y se está evaluando la posibilidad de realizar las denuncias correspondientes. A pesar de los incidentes, Delgado aseguró que el diálogo con el sector se mantiene: «Hubo una reunión con el secretario general de la Gobernación, el de Transporte y yo mismo. El gobierno tiene vocación de resolver, pero también la obligación de garantizar el orden”, concluyó.
Con esta medida, San Juan marca una línea clara en la gestión de las manifestaciones, buscando asegurar que el derecho a la protesta se ejerza sin vulnerar los derechos del resto de la población.
