Un grave episodio de violencia en el corazón de Las Casuarinas, departamento 25 de Mayo, derivó en un importante operativo de la Brigada de Investigaciones Este. Tras una investigación dirigida por la UFI Genérica, a cargo de la fiscal Daniela Pringles, los efectivos lograron desarticular a una banda acusada de atacar a balazos una vivienda y descubrieron que los implicados también estaban vinculados al comercio de estupefacientes.

El hecho original fue caratulado como Violación de Domicilio y Abuso de Armas. Según la reconstrucción judicial, los agresores llegaron a un domicilio a bordo de un automóvil negro y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra la propiedad para luego darse a la fuga.

Detenciones y secuestro de pruebas

Tras una serie de allanamientos autorizados por la Justicia, la policía logró capturar a tres hombres señalados como los autores del ataque:

• Franco Daniel Riveros Pizarro (30)

• Luis Jorge Luis Riveros Pizarro (30)

• Manuel Jesús Mariño Aguirre (19)

En los procedimientos se secuestró el vehículo utilizado en la balacera, un Ford Focus negro (dominio EBU-885), además de prendas de vestir que coinciden con las descripciones aportadas por testigos presenciales.

El hallazgo que cambió la causa: droga y efectivo

Lo que inició como una causa por abuso de armas terminó revelando una actividad ilícita mayor. En el interior de las viviendas allanadas, los efectivos encontraron un importante cargamento de estupefacientes:

• 2,4 kilogramos de marihuana (distribuidos entre cogollos, semillas y plantas de cannabis).

• Una importante suma de dinero en efectivo, presuntamente producto de la venta de sustancias.

Intervención de la Justicia Federal

Debido al hallazgo de la droga, se dio intervención inmediata a la Justicia Federal, mientras que la Dra. Pringles continúa al frente del legajo por el ataque armado. Los investigadores no descartan que la balacera inicial haya estado motivada por un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico en la zona.

Los tres sujetos permanecen detenidos y a disposición de las autoridades judiciales, mientras se analiza el peritaje de los teléfonos secuestrados para determinar el alcance de la red de comercialización detectada.