El Consejo Interuniversitario Nacional presentó una propuesta que supera en más del 50% los $7,3 billones asignados por el Gobierno nacional. Los rectores advierten por serias dificultades para el inicio de clases si el Congreso no modifica las partidas.

La discusión en torno al proyecto de Presupuesto Nacional 2027 sumó un nuevo foco de conflicto en el ámbito de la educación superior: existe una brecha de $3,7 billones entre la asignación proyectada por el Poder Ejecutivo y los recursos requeridos por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para garantizar el funcionamiento de las 60 universidades públicas del país.

Mientras la propuesta elevada al Congreso por el Gobierno de Javier Milei prevé una partida de aproximadamente $7,3 billones, el órgano que nuclea a los rectores aprobó un pedido presupuestario de $11 billones. La cifra defendida por las Casas de Altas Estudios busca hacer cumplir las obligaciones de la Ley de Financiamiento Universitario.

Los argumentos del CIN y la advertencia por el inicio de clases

El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, advirtió sobre el impacto operativo que tendrá la falta de acuerdo parlamentario sobre los fondos:

• Composición del pedido: Los $11 billones requeridos cubren salarios docentes y no docentes, gastos de funcionamiento, proyectos de investigación, infraestructura, becas y el sostén de los hospitales universitarios.

• Proyección salarial y cautelar: El cálculo contempla la recomposición de haberes atrasados y el cumplimiento integral de la medida cautelar dictada por la Justicia sobre la Ley 27.795, vinculada a salarios y becas estudiantiles.

• Alerta institucional: «Si no logramos que el Congreso introduzca modificaciones al proyecto de Presupuesto 2027, que sea revisado y actualizado, vamos a tener serias dificultades para empezar a dar clases el año que viene», aseveró Bartolacci.

La postura del Gobierno y el escenario parlamentario

Desde la Casa Rosada fundamentaron la pauta presupuestaria asignada a las universidades sobre los siguientes parámetros económicos y jurídicos:

• Previsión de inflación: El Poder Ejecutivo fijó sus planillas oficiales contemplando una pauta inflacionaria del 18% anual para 2027.

• Cumplimiento judicial: La Casa Rosada sostiene que el proyecto contempla los efectos de las resoluciones judiciales vigentes y que los incrementos otorgados a lo largo del año deben computarse dentro del esquema de recomposición.

• Definición en el Congreso: La discusión por la brecha presupuestaria se trasladó a las comisiones de la Cámara de Diputados y del Senado, donde los bloques buscarán acordar posibles reasignaciones de crédito para el sistema universitario nacional.