Funcionarios de la UFI Delitos Especiales realizaron inspecciones oculares en el calabozo de Villa San Agustín, tomaron declaraciones a testigos y requirieron legajos municipales de la víctima. La causa, que la policía caratuló como suicidio, es investigada penalmente bajo el Protocolo de Minnesota tras el fuerte reclamo de la familia y la comunidad.
VILLA SAN AGUSTÍN, VALLE FÉRTIL – La investigación penal para esclarecer las circunstancias reales en torno a la muerte de Daniel Alberto «Pichi» Paredes (47 años) sumó un capítulo neurálgico en el propio terreno de los hechos. Entre los días martes 26 y miércoles 27 de mayo, una comitiva de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales desembarcó en la localidad vallista para llevar adelante una exhaustiva batería de medidas de prueba dentro de la Comisaría 12°.
Las actuaciones judiciales en el departamento estuvieron encabezadas por el fiscal coordinador Iván Grassi, el fiscal de caso Francisco Pizarro y los ayudantes fiscales Facundo Romero y Maximiliano Gerarduzzi Marcovecchio. El despliegue en la seccional se manejó bajo un estricto hermetismo institucional debido a la altísima sensibilidad social que el caso despierta en los habitantes del departamento, quienes ya han realizado cuatro marchas consecutivas en reclamo de justicia.
Peritajes edilicios, testimonios clave y perfil laboral
De acuerdo con el comunicado emitido por el Ministerio Público Fiscal, las diligencias se centraron en tres ejes operativos principales:
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Inspección integral de las celdas: Los funcionarios judiciales relevaron de forma ocular las condiciones de infraestructura del área de calabozos, cotejando las dimensiones de los barrotes y los puntos de sujeción para contrastarlos con las actas de procedimiento labradas la noche de la tragedia.
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Toma de testimonios: Se entrevistó a vecinos, comerciantes y transeúntes de la zona céntrica de Villa San Agustín que presenciaron los momentos previos o la secuencia de la detención de Paredes en la vía pública.
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Análisis de antecedentes municipales: Los fiscales recopilaron documentación oficial ligada al legajo laboral de la víctima, quien se desempeñaba como empleado municipal (placero) realizando tareas de limpieza y mantenimiento en los espacios verdes del departamento.
La sombra del Protocolo de Minnesota
El expediente penal arrastra una profunda contradicción entre las actas policiales y el reclamo de la querella familiar. Daniel «Pichi» Paredes fue aprehendido por una presunta contravención menor (disturbios y supuesto estado de ebriedad) a las 22:50 del miércoles 22 de abril en la esquina de Tucumán y Mitre. Pasada la medianoche, a las 00:05 del 23 de abril, el comisario de la dependencia declaró haberlo encontrado sin vida, suspendido del cuello con una manga de su propia camisa atada a los barrotes.
Si bien un informe preliminar de autopsia sugirió asfixia por ahorcamiento, la familia y su hermano Renato rechazaron de plano la hipótesis del suicidio. Las sospechas se acrecentaron luego de que la fuerza policial entregara el cuerpo a cajón cerrado, impidiendo que sus allegados pudiesen constatar visualmente el estado del cadáver o la presencia de lesiones compatibles con una golpiza.
Investigación especial: Ante la gravedad institucional que reviste la muerte de un ciudadano bajo custodia directa del Estado, la Fiscalía de San Juan resolvió encuadrar y tramitar el expediente bajo los estándares internacionales del Protocolo de Minnesota. Esta herramienta jurídica y forense obliga a los investigadores civiles a indagar activamente una posible muerte ilícita, ejecuciones extralegales o actos de tortura por parte de los funcionarios policiales que se encontraban de guardia al momento del deceso.
