El debate en torno al proyecto minero Vicuña ha sumado un nuevo capítulo de tensión institucional. El secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, expresó su firme postura frente a lo que considera una evaluación fragmentada del emprendimiento, advirtiendo que no se puede analizar el impacto de las obras de infraestructura de manera aislada al resto de la actividad minera.

En declaraciones a La Red, Azulay fue categórico al señalar que las presentaciones realizadas hasta el momento han omitido el «cuadro completo» del impacto ambiental. Al tratarse de un ecosistema que integra a los proyectos José María y Filo del Sol, el funcionario riojano reclamó una visión sistémica que contemple todas las variables en juego, desde el inicio de las obras hasta su fase de operación plena.

El ecosistema sobre las fronteras políticas

Uno de los argumentos centrales del secretario radica en la continuidad biológica y geológica de la zona, situada en el límite entre La Rioja y San Juan. Azulay advirtió que, si bien existe una «línea imaginaria» que divide administrativamente a ambas provincias, la naturaleza responde a un único sistema ambiental que se verá afectado de manera conjunta.

Entre los riesgos latentes que el funcionario puso sobre la mesa, se destacan:

• Material en suspensión y voladuras: Efectos directos de la actividad minera sobre el aire y la visibilidad.

• Tránsito pesado: Impacto en las rutas y la seguridad vial de la región.

• Sistemas de bombeo: Posibles alteraciones en las cuencas hídricas y glaciares, fundamentales para el equilibrio hídrico de la zona.

• Biodiversidad: Amenazas a las especies locales que habitan el ecosistema compartido.

El derecho a un ambiente sano

Desde la Secretaría de Ambiente riojana insistieron en que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no debe ser un mero trámite administrativo, sino una herramienta que garantice el derecho constitucional de los ciudadanos a un entorno equilibrado. Según Azulay, la evaluación debe incluir también las repercusiones socioeconómicas en las comunidades cercanas.

Con este planteo, La Rioja eleva la presión sobre las empresas responsables y las autoridades regulatorias, dejando en claro que no aceptarán «recortes» en los análisis técnicos. El proyecto Vicuña, clave para el desarrollo minero de la región, queda así bajo la lupa de una exigencia ambiental que promete no ceder hasta obtener una respuesta integral.