La Secretaría de Transporte oficializó el fin del fondo que compensaba a las compañías de larga distancia por otorgar boletos gratuitos. El Ejecutivo aclaró que la obligación legal de transportar sin cargo a personas con discapacidad, trasplantados y pacientes oncológicos sigue vigente, enmarcada en la desregulación del sector.

BUENOS AIRES – El Gobierno nacional oficializó este lunes una medida que modifica el esquema de financiamiento del transporte terrestre interjurisdiccional. A través de una resolución de la Secretaría de Transporte publicada en el Boletín Oficial, se dispuso la eliminación definitiva del sistema de compensaciones económicas que el Estado nacional otorgaba a las empresas de micros de larga distancia por emitir pasajes gratuitos a personas con discapacidad y pacientes bajo regímenes médicos especiales.

Con esta determinación, las arcas públicas dejarán de reintegrar de manera parcial o total el costo de las butacas que las compañías del sector tienen la obligación de ceder en cumplimiento de diversas normativas de protección social. El régimen de subsidios ahora extinto se encontraba operativo desde el año 2018.

La gratuidad sigue vigente, pero bajo la desregulación

Ante el impacto inmediato y la sensibilidad de la medida, fuentes de la Secretaría de Transporte salieron a aclarar que el beneficio de gratuidad para los usuarios no se suspende. Las empresas de colectivos de larga distancia continúan bajo la estricta obligación legal de garantizar el traslado sin cargo de los siguientes grupos vulnerables protegidos por leyes nacionales:

• Personas con discapacidad (poseedoras del Certificado Único de Discapacidad – CUD).

• Pacientes trasplantados o personas que se encuentren inscriptas en la lista de espera del Incucai.

• Niños, niñas y adolescentes que se encuentren bajo tratamientos oncológicos.

El argumento oficial: Desde la Casa Rosada justificaron la quita de los reintegros señalando que la decisión se acopla de manera orgánica al nuevo esquema de desregulación del transporte automotor interjurisdiccional, formalizado mediante el Decreto 883/2024. Bajo este nuevo paradigma legal, las empresas de transporte gozan de plena libertad comercial para definir sus propios recorridos, frecuencias, paradas y bandas tarifarias, por lo que el Ejecutivo considera que deben absorber operativamente estos costos sociales dentro de su matriz de negocios.

Preocupación y alertas en los sectores de salud

A pesar de las garantías de continuidad expresadas por los funcionarios, la publicación de la resolución generó un estado de alerta y profunda preocupación en las federaciones que agrupan a personas con discapacidad, ligas de pacientes oncológicos y ONGs de derechos de la salud.

Los referentes sectoriales advirtieron que la eliminación de la compensación estatal podría traducirse en la práctica en una «barrera invisible» de acceso. El principal temor radica en que, al no recibir reintegros económicos por esas plazas, las firmas transportistas comiencen a restringir la oferta de pasajes a través de sus plataformas digitales, dilaten la entrega de boletos en las terminales de ómnibus o impongan trabas burocráticas indebidas, afectando de manera directa a miles de pacientes que dependen exclusivamente de estos servicios para trasladarse hacia los grandes centros urbanos a recibir asistencia médica.