La continuidad de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) se encuentra en el centro de un intenso debate que divide aguas en el sector productivo. El organismo, clave para la promoción y el desarrollo de la industria del vino desde su creación por ley en el año 2000, enfrenta cuestionamientos sobre su actual esquema de financiamiento obligatorio.
En declaraciones a Radio del Sur, José Molina, referente de entidades vinculadas al organismo, explicó la fragilidad del sistema ante posibles cambios regulatorios que podrían desarticular la estructura de apoyo a los productores.
Las cifras del sostenimiento
El funcionamiento de la COVIAR depende de una contribución proporcional a la producción, cuyo impacto se vuelve masivo al considerar la escala de la industria:
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Aporte unitario: Oscila entre $0,50 y $1 por litro elaborado.
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Volumen total: Con una producción nacional que supera los 1.100 millones de litros, el fondo acumulado permite sostener una red de centros especializados y campañas de promoción internacional.
El conflicto: ¿Aporte colectivo o manejo individual?
La tensión principal radica en la obligatoriedad de este aporte, generando dos posturas marcadas dentro del sector privado:
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Defensores del modelo: Argumentan que permite financiar estudios técnicos, desarrollo territorial y promoción genérica (del «Vino Argentino») que beneficia especialmente a los pequeños y medianos productores que no tienen presupuesto para marketing propio.
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Críticos del sistema: Algunos grandes actores consideran que cada empresa debería gestionar sus recursos de manera independiente, sin estar obligados a sostener una estructura corporativa colectiva.
Un escenario de incertidumbre política
Molina advirtió que el mayor riesgo es la eliminación de la obligatoriedad de la contribución. En el actual contexto nacional, donde se revisa el rol de los organismos sectoriales, una decisión política en ese sentido podría significar el fin de las políticas conjuntas vigentes desde hace más de dos décadas.
«Si se avanza en cambios sobre la obligatoriedad, el esquema de promoción y desarrollo conjunto podría enfrentar una reconfiguración profunda», señaló Molina, alertando sobre el impacto directo que esto tendría en la competitividad de las economías regionales.
La discusión queda ahora supeditada tanto al consenso interno de las cámaras empresariales como a la dirección que tome el Gobierno Nacional respecto a las corporaciones por ley.
