SAN JUAN.— La Segunda Sesión Especial del Poder Legislativo provincial concluyó con la sanción del convenio entre el Gobierno de San Juan y la empresa minera Vicuña Argentina S.A. El proyecto, que autoriza la recepción de hasta USD 250 millones destinados a la ejecución de obras de infraestructura provincial, fue aprobado por una holgada mayoría de 27 votos afirmativos contra 9 negativos, sin abstenciones y con la totalidad de los 36 bancas emitiendo su posición.
Más allá del resultado en las tablas, la jornada dejó un marcado impacto político en la correlación de fuerzas legislativas, caracterizado por la fragmentación de la oposición peronista y el respaldo de sectores independientes a la iniciativa del Ejecutivo liderado por Marcelo Orrego.
Las claves políticas del debate
-
Quiebre en el Bloque Justicialista: Pese a la postura inicial de no acompañar el despacho en comisión, la bancada opositora no logró sostener un criterio unificado durante la votación nominal. Legisladores de extracción peronista como Eduardo Cabello, Jorge Castañeda, Leopoldo Soler y Omar Ortiz tomaron distancia de la postura mayoritaria del bloque y votaron a favor.
-
El respaldo de Franco Aranda: El diputado del Frente Renovador fundamentó su voto positivo tras comparar el marco financiero actual con acuerdos precedentes, expresando que el proyecto actual presentaba mejores condiciones que los fideicomisos rubricados durante la gestión de José Luis Gioja.
-
Alineamiento de departamentos mineros: Jorge Castañeda (Calingasta) defendió la iniciativa enfatizando la necesidad de volcar recursos en infraestructura vial y de servicios para mitigar el impacto del tránsito pesado en las comunidades de la cordillera.
-
Vinculación con el esquema vial: El debate conectó de forma directa con la ratificación del convenio con Vialidad Nacional, señalándose a la Ruta Nacional 40 Norte (tramo Albardón-Jáchal) como uno de los corredores prioritarios a financiar con el fondo de USD 250 millones.
La votación dejó al oficialismo provincial con una aprobación transversal equivalente a tres cuartas partes del recinto, habilitando formalmente la creación del fideicomiso que administrará los recursos para las obras públicas proyectadas.
