El Gobierno nacional formalizó un reclamo ante el Reino Unido e intimó al país europeo a frenar en un plazo de dos semanas la explotación hidrocarburífera en la Cuenca Malvinas Norte mediante el proyecto «Sea Lion», bajo apercibimiento de iniciar un arbitraje ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. En el mismo marco, la Casa Rosada denunció formalmente la realización de operaciones aéreas no autorizadas en el Atlántico Sur y comenzó las acciones legales correspondientes.
Denuncia por vuelos ilegales de una firma británica a Chile
En el plano aeronáutico y diplomático, la Cancillería y los equipos técnicos del Ejecutivo abrieron un expediente administrativo y presentaron denuncias penales tras detectar irregularidades en el espacio aéreo nacional:
-
Empresa involucrada: Se identificaron operaciones aéreas a cargo de la firma Thales UK Limited realizadas con una aeronave de matrícula del Reino Unido.
-
Ruta no autorizada: Las frecuencias conectaban de forma directa el archipiélago de las Islas Malvinas con la ciudad de Punta Arenas, en Chile, sin contar con los permisos ni las autorizaciones de las autoridades aeronáuticas argentinas.
-
Acciones judiciales y diplomáticas: El Gobierno instruyó querellas penales, intimaciones administrativas e instó gestiones diplomáticas de urgencia para sancionar el incumplimiento de la soberanía aérea.
Reclamo por la explotación petrolera en la plataforma continental
A través de un comunicado oficial firmando por el presidente Javier Milei, el Ejecutivo remarcó que las maniobras británicas en la Cuenca Malvinas Norte y los vuelos irregulares forman parte de un abanico de acciones unilaterales en conflicto con el derecho internacional:
-
Sustento en resoluciones de la ONU: El reclamo cita la Resolución 2065, que ratifica la existencia de la disputa de soberanía, y la Resolución 31/49, que prohíbe la modificación unilateral de la situación territorial y marítima.
-
Uso de herramientas internacionales: Argentina advirtió que no permanecerá inactiva y activará los mecanismos del Anexo VII de la CONVEMAR para solicitar medidas cautelares si el Reino Unido no paraliza las actividades extractivas en 14 días.
