La medida, aprobada por la Legislatura provincial, afectará a más de dos millones de alumnos de escuelas públicas y privadas. La decisión se fundamenta en los bajos resultados académicos y en encuestas que revelan que más de la mitad de los estudiantes se distrae en clase con sus dispositivos.
La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires dio un paso decisivo este jueves al aprobar una nueva ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo con pantalla durante la jornada escolar en los niveles de jardín de infantes y primaria. La normativa impactará en un universo de más de 11 mil establecimientos educativos, tanto de gestión pública como privada, alcanzando a aproximadamente 1,5 millones de alumnos de primaria y 600 mil del nivel inicial.
El objetivo central de la iniciativa es mejorar la calidad educativa y atacar de raíz uno de los principales focos de distracción en el aula. La medida cobra especial relevancia en un contexto donde las cifras son contundentes: según datos recientes, el 54% de los propios estudiantes bonaerenses admite que el uso del celular interfiere con su capacidad de atención durante las clases.
La preocupación de las autoridades se vio agravada por los resultados de las pruebas Aprender 2024. Los datos, que encendieron las alarmas en el sistema educativo, mostraron que más de la mitad de los alumnos de la provincia se encuentra por debajo del nivel considerado básico en Matemática, un indicador que impulsó la necesidad de tomar acciones concretas para optimizar el entorno de aprendizaje.
La ley no se limita únicamente a la prohibición, sino que también contempla un abordaje integral del problema. Se pondrán en marcha amplias campañas de concientización dirigidas a estudiantes, docentes y familias sobre los efectos negativos del consumo excesivo de pantallas en la infancia. Estas campañas se difundirán tanto dentro del sistema educativo como en otros ámbitos de la administración pública provincial.
Con esta decisión, la provincia de Buenos Aires se alinea con otras jurisdicciones del país que ya han avanzado en regulaciones similares para limitar la presencia de la tecnología en las aulas de los más chicos, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, Neuquén y Salta.
