La Justicia de Chubut ha iniciado una investigación formal contra Vanesa Fita, hermana del diputado provincial de Unión por la Patria Gustavo Fita, y otras cuatro personas, por una presunta estafa masiva relacionada con la promesa de viviendas.
El fiscal Martín Oscar Cárcamo solicitó la apertura de la causa contra los cinco imputados, acusándolos de «estafa por calidad simulada e influencia mentida sobre 594 hechos en concurso real». La investigación se originó a partir de numerosas denuncias que señalan a Vanesa Fita como la principal responsable de una maniobra fraudulenta.
Según la acusación, entre abril de 2023 y febrero de 2024, Fita se habría presentado como intermediaria y organizadora de una cooperativa de viviendas inexistente. Utilizando supuestos vínculos con funcionarios provinciales, ofrecía la adjudicación y adquisición de viviendas construidas o a construir por el Instituto Provincial de Vivienda (IPV), a pesar de no contar con los recursos materiales ni la autorización legal para hacerlo.
Las denuncias detallan que Vanesa Fita habría utilizado su parentesco con el diputado Gustavo Fita para generar confianza en las víctimas y convencerlas de realizar un depósito inicial de $100.000 para ingresar al supuesto proyecto. Este medio pudo confirmar que, mediante comunicaciones telefónicas previas a través de tres números de celular, Fita solicitaba dicho depósito bancario. Tras acreditarse el pago, las personas eran incorporadas a grupos de WhatsApp donde se les pedía información y se organizaban reuniones informativas.
La investigación del fiscal Cárcamo sostiene que las otras cuatro imputadas – Lucía Miranda, Gisela Mansilla, María Curan y Camila Páez – colaboraron en la maniobra, manteniendo el engaño e incorporando nuevos adherentes. De esta manera, se contabilizan 594 damnificados, con un perjuicio económico total de $59.400.000.
La calificación legal provisoria para Vanesa Fita es de «autora» de «estafa por calidad simulada e influencia mentida, 594 hechos en concurso real», mientras que las otras cuatro imputadas son consideradas «partícipes necesarias». La fiscalía solicitó un plazo de seis meses para completar la investigación.
Se investiga si Fita habría prometido la entrega de viviendas recuperadas del IPV y también casas vinculadas a proyectos de urbanización en terrenos fiscales. El fiscal Cárcamo no descarta que el esquema pueda constituir una asociación ilícita con fines de lucro, ni la existencia de operaciones de lavado de dinero.
Durante la audiencia de apertura de la investigación, la defensa de Vanesa Fita se opuso al procedimiento, argumentando que «el relato carece de contenido» y que no se ha demostrado el engaño. Sin embargo, el juez desestimó los planteos de la defensa, avalando los argumentos del fiscal y autorizando el inicio formal de la investigación ante los elementos denunciados. Por su parte, allegados al diputado Gustavo Fita negaron cualquier vinculación del legislador con los hechos investigados en diálogo con TN.
