Ayelén Martina Castillo Álvarez, de 26 años, aceptó una pena de tres años de prisión condicional. Durante meses, amenazó a un adolescente con difundir fotos íntimas si no le transfería dinero. La víctima realizó 47 pagos para evitar el escarnio.
De la seducción virtual a la extorsión
Lo que comenzó en 2022 como un contacto a través de redes sociales terminó en una compleja red de extorsión y ciberdelito. Según la investigación judicial, Castillo Álvarez inició el vínculo con la víctima cuando esta tenía apenas 15 años. Durante más de un año, la mujer indujo al menor a enviarle material fotográfico y audiovisual de contenido sexual, configurando el delito de grooming.
El quiebre se produjo cuando el adolescente descubrió la identidad real de la mujer y decidió bloquearla. Sin embargo, a principios de 2025, la acusada retomó el contacto, pero esta vez con un tono violento y extorsivo: si no recibía dinero, enviaría las imágenes íntimas a la familia del joven.
El impacto económico del chantaje
Bajo una presión constante, el adolescente —quien ya tiene 17 años— cedió a las exigencias para proteger su intimidad. La investigación fiscal de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas logró reconstruir la ruta del dinero:
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Monto total: $1.300.000 pesos.
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Modalidad: 47 transferencias virtuales realizadas a lo largo de varios meses.
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Destino: Cuentas digitales en Naranja X y Banco del Sol.
Detención y Juicio Abreviado
El calvario terminó en octubre, cuando el menor rompió el silencio y le confesó la situación a su madre. Tras la denuncia y una rápida investigación, Castillo fue detenida el pasado 16 de diciembre en su vivienda del barrio Solares, en Capital.
Ante la contundencia de las pruebas presentadas por el fiscal Pablo Martín y el ayudante fiscal Federico Pereyra, la defensa de la joven optó por un juicio abreviado. Finalmente, el juez de Garantías Roberto Montilla homologó el acuerdo y dictó la sentencia:
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Condena: Tres años de prisión de cumplimiento condicional.
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Delitos: Grooming y chantaje en concurso real.
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Reglas de conducta: La condenada permanecerá en libertad pero bajo estricta vigilancia judicial y el cumplimiento de normas de comportamiento.
Este caso sienta un precedente en la provincia sobre la trazabilidad de los delitos informáticos y la importancia de la denuncia temprana ante casos de extorsión digital.
