El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ha provocado un giro drástico en la relación bilateral con San Juan al formalizar un reclamo de límites que apunta directamente a dos activos estratégicos de la provincia: el yacimiento minero Josemaría y el Parque Provincial Ischigualasto (Valle de la Luna).
A diferencia de conflictos anteriores centrados en permisos ambientales o logísticos, esta nueva ofensiva riojana cuestiona la propiedad misma del territorio. La Rioja busca que el Senado de la Nación intervenga para rediseñar la frontera interprovincial, apelando a sus facultades constitucionales para dirimir disputas territoriales.
El argumento histórico de La Rioja
El eje de la presentación de Quintela sostiene que los límites actuales carecen de legitimidad democrática. Según el planteo riojano:
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Origen de facto: Denuncian que los límites vigentes fueron establecidos en 1968 mediante acuerdos firmados por gobernadores designados durante la dictadura de Juan Carlos Onganía.
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Nulidad: Bajo esta premisa, la vecina provincia considera que esas decisiones deben ser revisadas y rectificadas por el Congreso Nacional para recuperar lo que consideran territorio propio.
Lo que está en juego: Cobre y Patrimonio Mundial
El impacto de este reclamo es masivo, ya que afecta los pilares económicos y culturales de San Juan:
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Proyecto Josemaría: Es uno de los yacimientos de cobre y oro más grandes del continente. Su puesta en marcha es fundamental para el desarrollo minero de San Juan y la atracción de inversiones bajo el régimen del RIGI.
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Ischigualasto: Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es el emblema turístico de la provincia y un sitio de valor paleontológico incalculable.
Reacción en San Juan
Este movimiento se produce apenas horas después de que el vicegobernador sanjuanino, Fabián Martín, calificara de «extrema» la medida judicial riojana sobre el proyecto Vicuña. Con este nuevo escenario, la disputa escala de un conflicto logístico a una batalla legal y política por la soberanía territorial, que obligará a San Juan a defender la vigencia de sus límites históricos en los estrados nacionales.
La estrategia de Quintela promete abrir un debate jurídico complejo en el Senado, mientras en San Juan crece la preocupación por la seguridad jurídica de las inversiones mineras en el departamento Iglesia.
