La suspensión del corredor logístico del Proyecto Vicuña, dictada por la Justicia de La Rioja, ha desatado una crisis social y económica en la localidad de Guandacol. Sin embargo, en medio de la tensión, el intendente de Villa Unión, Hugo Páez, aportó una definición legal clave que marca un giro en el discurso riojano: admitió que, al estar la mina ubicada en territorio sanjuanino, es San Juan quien tiene el derecho legal de priorizar su mano de obra y proveedores.

«Si la mina está enclavada en San Juan, indudablemente se van a respetar las leyes de San Juan», afirmó Páez en declaraciones a Radio Sarmiento. El jefe comunal fue tajante al señalar que legalmente no le corresponde a La Rioja exigir prioridad en el «compre local», ya que el emprendimiento responde a la normativa de la provincia vecina.

El impacto del fallo judicial

La medida cautelar, emitida el pasado 16 de abril, frenó por 30 días el tránsito por la Ruta Provincial 506, que conecta Guandacol con el límite interprovincial hacia la zona minera en el departamento de Iglesia. La Justicia riojana exige la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental específico para ese tramo logístico.

Este parate puso en vilo a una comunidad que depende económicamente del proyecto:

• 140 trabajadores directos de Guandacol afectados.

• 400 personas impactadas de forma indirecta (comercio, hotelería y servicios).

• Crisis concurrente: La caída de la vitivinicultura y el turismo en el departamento Felipe Varela agrava la situación de las familias.

Asamblea y reclamo al Gobierno de La Rioja

Tras una asamblea popular, los vecinos de Guandacol decidieron no cuestionar la medida ambiental, pero sí exigir que el gobierno de Ricardo Quintela se haga cargo de las consecuencias económicas. «Si no tenemos ese trabajo a futuro, que se haga cargo el gobierno de la provincia», plasmaron en un escrito tras declararse en estado de alerta.

Páez reconoció que La Rioja llegó «tarde» a la preparación para la gran minería y que, para competir por puestos de trabajo, es necesario capacitar a la población local. «Muchos se enojan cuando uno dice la verdad, pero no se puede abandonar la posición de ser claro y correcto», sostuvo respecto a la jurisdicción sanjuanina de la mina.

Puntos clave del conflicto

• Jurisdicción: La mina se encuentra en el departamento Iglesia, San Juan. Por ley, la prioridad de contratación es para sanjuaninos.

• Infraestructura: Está pendiente un bypass para evitar que el tránsito pesado atraviese el centro de Guandacol, una obra que nunca se formalizó entre el municipio y la empresa.

• Tensión política: Páez denunció que sectores opositores están utilizando el conflicto para desgastar su gestión y la del gobernador riojano.

Mientras el secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, asegura que la suspensión se levantará apenas se presente la documentación ambiental, el intendente Páez aboga por un «diálogo sincero» entre ambas provincias para destrabar una situación que hoy mantiene a cientos de familias riojanas en la incertidumbre laboral.