La Cámara en lo Criminal y Correccional 2° Nominación de la ciudad de Córdoba dictaminó una pena de cuatro años de prisión para un jubilado de 81 años tras comprobarse que había descargado activamente material de abuso sexual infantil en su computadora personal.
La investigación judicial reveló que Sergio Abelardo Malargara utilizaba un programa de intercambio de archivos punto a punto (P2P), específicamente eMule, para obtener los videos ilícitos. Este método llamó la atención de los investigadores debido a su similitud con la estrategia empleada por los hermanos Germán y Sebastián Kiczka, quienes fueron previamente condenados en la provincia de Misiones por delitos análogos.
El tribunal declaró a Malargara culpable de los delitos de abuso y explotación sexual infantil agravado por la presencia de representaciones de menores de trece años de edad, así como de tenencia de representaciones de abuso y explotación sexual infantil con fines inequívocos de distribución, agravado por la minoría de edad de las víctimas.
Durante el juicio, la defensa del imputado argumentó que su cliente no era consciente de que al descargar las imágenes y filmaciones de contenido sexual, estaba contribuyendo a su propagación en Internet. Sin embargo, esta línea de defensa fue categóricamente refutada por la jueza Inés Lucero. La magistrada sostuvo que el acusado se encontraba en plenas facultades mentales al momento de cometer el delito, basándose en el hecho de que vivía de manera independiente y poseía un título universitario en ingeniería.
Además, la jueza Lucero enfatizó la cantidad significativa de material ilícito encontrado en los dispositivos de Malargara, señalando que se habían identificado más de cincuenta archivos de contenido abusivo en uno de sus dispositivos de almacenamiento.
A pesar de la condena, se dispuso que Sergio Abelardo Malargara permanecerá en libertad hasta que la sentencia adquiera firmeza legal. Como medida cautelar, la jueza le impuso la prohibición de acercarse a menores de edad y de mantener cualquier tipo de contacto con ellos, ya sea telefónico o a través de medios virtuales. Asimismo, se ordenó que el condenado se someta a un tratamiento psicológico especializado en el área de la sexualidad y se dictaminó el decomiso de su computadora de escritorio, utilizada para cometer los delitos.
