El Poder Ejecutivo Nacional ingresó al Senado el proyecto de ley denominado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, una iniciativa que apunta a reformar profundamente la actual Ley de Emergencia en Discapacidad. El texto propone un esquema de control más riguroso, modificaciones en los montos de las prestaciones y cambios en la compatibilidad laboral de los beneficiarios.

El objetivo central de la norma es sanear el padrón actual mediante un reempadronamiento obligatorio. Según la propuesta, todos los titulares deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. Aquellos que no cumplan con este proceso se enfrentarán a la suspensión inmediata del beneficio.

Fiscalización y cruce de datos

Para detectar posibles irregularidades, el proyecto establece un sistema de auditoría permanente basado en el cruce de información entre organismos clave como:

• ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social)

• ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero)

• SINTyS (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social)

En caso de encontrarse inconsistencias, se procederá a la suspensión preventiva de la pensión, aunque se garantizará una instancia de defensa administrativa para el titular.

Cambios en los montos y financiamiento

En términos económicos, el proyecto redefine el valor y la actualización de las prestaciones:

• Monto fijo: La pensión no contributiva quedará establecida en el 70% del haber mínimo jubilatorio.

• Eliminación de adicionales: El Poder Ejecutivo ya no podrá otorgar incrementos extra por invalidez laboral o por residencia en zonas desfavorables.

• Aranceles: Se eliminan los mecanismos de actualización automática por IPC (inflación), atando los ajustes al haber mínimo o a revisiones periódicas.

• Convenios: Se autoriza a la Nación a firmar acuerdos con provincias y CABA para la administración de fondos, lo que alterará la negociación actual con obras sociales y prepagas.

Incompatibilidad con el empleo formal

Uno de los puntos que promete mayor debate es la modificación del esquema laboral. La iniciativa establece la incompatibilidad entre el beneficio y el empleo registrado. Esto significa que cualquier persona que acceda a un trabajo en relación de dependencia perdería automáticamente la pensión, eliminando el esquema actual que permitía, en ciertos casos, la convivencia de ambos ingresos.

El oficialismo buscará avanzar con el tratamiento en las comisiones del Senado en las próximas semanas, en un contexto donde se prevé una fuerte discusión sobre el impacto social de estas medidas en el sector de la discapacidad.