A través de la Resolución 549/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud de la Nación oficializó un cambio de paradigma en la política sanitaria: se levanta la prohibición vigente sobre los vapeadores y bolsas de nicotina para dar paso a un mercado regulado y fiscalizado.

La medida busca transparentar un consumo que, pese a estar prohibido, alcanzó una prevalencia del 35,5% en adolescentes durante el último año. El objetivo es pasar de la «prohibición ineficaz» a un control estricto de calidad y trazabilidad.

Los puntos clave del nuevo marco regulatorio

El Ejecutivo, bajo la conducción de Mario Lugones, estableció lineamientos estrictos para la comercialización de estos productos de «nueva generación»:

• Sabores restringidos: Se prohíben los sabores atractivos para menores (frutales, dulces, etc.). Solo se autorizan sabores tabaco para líquidos y sticks, y tabaco o mentol para bolsas de nicotina.

• Fin de los «desechables»: Queda expresamente prohibida la venta de cigarrillos electrónicos descartables con soluciones precargadas, identificados como la principal puerta de entrada al consumo juvenil.

• Advertencias sanitarias: Al igual que el cigarrillo convencional, los envases deberán incluir advertencias de salud y tienen prohibido usar imágenes de celebridades o diseños llamativos para niños.

Creación del Registro Nacional (RNPTN)

Para poder importar o vender en el país, las empresas deberán inscribirse en el nuevo Registro Nacional de Productos de Tabaco y Nicotina. Este sistema implica:

1. Fiscalización técnica: Presentación de fórmulas completas, información toxicológica y análisis de emisiones realizados en laboratorios acreditados.

2. Vigilancia epidemiológica: Las empresas deberán informar volúmenes de venta y rangos etarios de sus consumidores.

3. Vigencia limitada: Las autorizaciones durarán cinco años, sujetas a reevaluación según la evidencia científica disponible.

El argumento oficial

Desde el Ministerio de Salud explicaron que este modelo se alinea con experiencias de Estados Unidos y el Reino Unido. El argumento central es que, al legalizar y registrar los productos, el Estado recupera la capacidad de:

• Combatir el mercado ilegal y el contrabando.

• Garantizar estándares mínimos de seguridad sanitaria (evitando sustancias adulteradas).

• Establecer un monitoreo real sobre el acceso de menores de edad.

Cualquier producto que no esté debidamente inscripto en el nuevo registro a través de la plataforma TAD (Trámites a Distancia) será considerado ilegal y su comercialización estará prohibida en todo el territorio nacional.